Santiago Muñoz Machado: «La Justicia no puede ser un servicio para ricos»

Antonio astorga

13/12/2012
Actualizado 14/12/2012 a las 11:06h.

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El catedrático de Derecho Administrativo Santiago Muñoz Machado (Pozoblanco, Córdoba, 1949) ha sido elegido para ocupar la vacante de Antonio Mingote por el pleno de la Real Academia Española , frente a la candidatura de Antonio Garrigues Walker. Muñoz Machado trabajó desde la sala de máquinas del Palacio de la Moncloa con los equipos que hicieron posible la Transición. Ahora trabajará como maquinista del idioma jurídico . Es autor de más de treinta libros que abordan los problemas del Derecho Público, la Constitución, el Estado, la Comunidad Europea... «Derecho Público de las Comunidades Autónomas» es obra de referencia. Motivado por los procesos de reforma de los Estatutos publicó «El problema de la vertebración del Estado en España (del siglo XVIII al siglo XXI)» (Iustel), donde advierte sobre los problemas de estabilidad y el porvenir del Estado. La candidatura de Santiago Muñoz Machado fue presentada por los académicos Eduardo García de Enterría, Luis Mateo Díez y José Manuel Sánchez Ron.

Las primeras palabras de Muñoz Machado para ABC son de recuerdo al inolvidable maestro Antonio Mingote:

-Siempre es un honor inmenso entrar en la Academia y ocupar cualquiera de los sillones, de personalidades descomunales, pero la silla de Antonio Mingote es muy particular, pues su genialidad ha calado en todas las capas de la sociedad española y universal. Tanto en el nivel de los intelectuales, de la gran cultura, como en las capas populares, don Antonio ha sabido transmitir, de un modo insuperable para siempre, su pensamiento y genialidad.

-¿Y el porvenir de la Justicia? ¿Cuál es su opinión sobre la subida de tasas judiciales?

-La Justicia no puede ser un servicio para ricos. En general, tenemos que acostumbrarnos que los servicios públicos absolutamente gratuitos que hemos tenido en Europa, y más particularmente en España, no pueden seguir con ese régimen financiero, porque es una cuestión de números. El Estado tiene una cantidad de dinero determinada y puede pagar, pues, también unos servicios de una calidad y en una cuantía para un número de gente también deteminados. Pero una cosa es que haya que contribuir a la financiación de los servicios públicos por parte de los particulares, y otra que no se tenga muy en cuenta, primero, las reglas de proporcionalidad: no hay que poner tasas o tarifas demasiado caras, que hagan innaccesible la Justicia para la gente ordinaria, y se convierta la Justicia en un servicio para ricos. Tiene que ser proporcionado, porque no es lo mismo una persona con medios que los que no lo tienen. Y todo eso hay que hacerlo con enorme cuidado y teniendo muy en cuenta, y reflexionando mucho porque trastoca algo a lo que los ciudadanos están acostumbrados desde hace muchos años. Además, son servicios esenciales en los cuales la convivencia se destruye.

-¿Hay que acercar el lenguaje jurídico al pueblo?

-Es difícil, porque los lenguajes especializados son difíciles de traducir o de hacerse entender fácilmente. Pero hay que procurar, realmente, en la medida de lo posible hacerlos inteligibles. En este sentido, tiene el lenguaje jurídico una forma cierta de ser un lenguaje oscuro. Eso viene de que las sentencias de los tribunales, hasta recientemente, han sido muy difíciles de leer por cualquier persona que no sea especializada. Casi siempre empezaban las frases con gerundios, los famosos resultandos y considerandos. Ahora eso ya ha desaparecido, es un poco más llano e inteligible. No obstante, siempre los lenguajes especializados tendrán sus particularidades no fáciles de entender, como ocurre con el lenguaje matemático o el de la física, o el de la filosofía, pura y simplemente.

-El ministro de Justicia declaró en el Foro ABC: «Los que han pedido las tasas son los jueces». Por otra parte, hay jueces que se han rebelado los desahucios de los seres humanos: ¿Son dos varas de medir la Justicia?

-Hay Asociaciones judiciales, que siguen determinadas corrientes políticas no coincidentes. Depende de cuál sea la orientación política de cada Asociación piensan de una manera o de otra. Los jueces no son las Asociaciones judiciales. Los jueces son profesionales, normalmente en España, muy comprometidos, muy sacrificados y, en líneas generales, muy solventes. Que no funcione bien el servicio público de la Justicia no quiere decir que los jueces no sean personas, pues, dignas de la mejor consideración.

-¿La Justicia goza de buena salud en España?

-No, porque el pueblo opina sobre ella que no funciona bien. Y eso es un signo de enfermedad. Ahora, para los profesionales como yo, que trabajan con ella todos los días, hay extraordinarios jueces y magistrados y las sentencias procuran hacerlas según su leal saber y entender, que es bastante en la mayoría de los casos, es decir, que es gente de calidad.

- ¿Qué aportará un jurista como usted, máximo experto en Derecho Administrativo, a la Real Academia Española?

-Lo que puede aportar un jurista, modestamente. Es tradicional que haya uno o dos juristas sentados en la Academia, y tiene su sentido porque el lenguaje jurídico ha sido, entre todos los especializados, quizás el que más se ha cuidado de ser exacto, depurado, el que necesita los conceptos lingüísticos: leyes, sentencias. Los propios abogados, los juristas, en general, necesitan el lenguaje quizás como ninguna otra profesión. Si mira los repertorios de jurisprudencia del Tribunal Supremo, del Constitucional, se sorprendería ver en cuántas ocasiones para resolver un asunto los tribunales usan el Diccionario de la Academia para ver el significado de un concepto. Por tanto, los conceptos que hay en el Diccionario también resuelven las necesidades de los Tribunales. Y por otra parte, el lenguaje jurídico, ahora ya estrictamente técnico: una parte de eso sí está en el Diccionario y hay que ponerlo continuamente al día.Porque el Derecho está evolucionando a una enorme rapidez en los últimos años como consecuencia de fenómenos que están afectando a la sociedad de nuestro tiempo:la globalización, la europeización, el cambio de la centralización a la descentralización.... Todo ese tipo de cosas supone una remoción muy importante en el lenguaje ordinario jurídico.

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