EL COHETE DEL MINER

El sumario de la «Operación Rocket» empieza a ver la luz y deja un maloliente reguero de indicios alejado de la casualidad

AHORA que empieza a aparecer la luz en el primer bloque de las diligencias instruidas por la gestión de los fondos Miner en Peñarroya, la bruma se despeja y el contorno de los perfiles se va definiendo lentamente en un cúmulo de irregularidades que para nada son ni olvidos, ni «errores administrativos», ni falta de preparación, ni envenenados consejos de perversos funcionarios, ni tan siquiera un sacrificado y valiente servicio a la colectividad transgrediendo normas de manera heróica por su exalcaldesa y una de las principales imputadas del caso.

Las minuciosas investigaciones de la Unidad de Delincuencia Urbanística de la Guardia Civil han dejado en la mesa del juez que instruye el caso un cuadro actuante con patrones repetidos y nada casuales: desde un amplio abanico de falsedades documentales hasta un entramado de presuntas «remuneraciones» comisionadas por empresas, pasando por amaños de contrataciones, certificaciones irregulares, obras injustificadas y sin hacer o compra-venta de terrenos con múltiples sombras, entre otras lindezas... Evidencias e indicios que llevaron a su señoría a autorizar las detenciones, imputaciones y registros que se visualizaron en la llamada «Operación Rocket» a finales de octubre pasado. Rocket, palabra que significa «cohete» en inglés. Y como artilugio que carga el diablo y que bien conocen en las cuencas mineras, despertó el estruendo de la actuación policial y los datos que se van desbrozando por ABC estos días, que no son, precisamente, una bella postal de fuegos artificiales.

Los fondos para la reestructuración de las cuencas mineras del carbón (Miner) se fijaron para atenuar y frenar la sangría de desempleo que el cierre paulatino de minas provocaba en comarcas en las que esta actividad era su columna vertebral. La mecánica eran tan simple como vulnerable a la vez, tal y como se empieza a constatar ahora. Tanto así como ineficaz en muchos aspectos, y propensa a que el virus de la corrupción anide a sus anchas. Millones de euros llegaban a municipios de tamaño medio y pequeño (todo un maná para muchos alcaldes) para proyectos de infraestructuras o servicios que debían generar puestos de trabajo, así como ayudas a la contratación privada. El dinero recalaba en consonancia a la ejecución del proyecto y con una laxa fiscalización. Un par de folios justificativos y alguna memoria económica o escritura de compra-venta... Y a huir.

La Guardia Civil, cuestionada por el líder socialista cordobés en su ya video estelar de la conspiración, y el juez sostienen, por ahora, que hay irregularidades en once expedientes gestionados por la exalcaldesa Luisa Ruiz (PSOE) de proyectos por valor de más de 12 millones de euros concentrados entre 2007 y 2012. Así como indicios de presuntos ilícitos penales. Hasta que no concluya el análisis de la extensa documentación incautada en los registros llevados a cabo esos días y se cruce con la que durante más de un año ha atesorado la investigación, no sabremos a ciencia cierta qué carga delictiva hay en toda esta operación en la que sobresalen las cabezas de la aguerrida dirigente socialista y su entorno así como algunos espabilados que coleccionaban trenecitos.

Lo cierto es que el dinero llegaba del Miner a espuertas. Los proyectos se gestionaban de manera irregular. O no se hacían o se medio averiguaban con un reguero de trampas para contratarlos, licitarlos y ejecutarlos y así poder ser justificados, uno de los objetivos centrales: no perder la guita. Pero a estas alturas, la incógnita real es el rastro y paradero de importantes cantidades de fondos económicos que parecen haberse perdido por la ruta aleatoria de un simple cohete con olor a chamusquina.