LA DOBLE MORAL DE UGT

Pastrana sólo es la punta de un iceberg de opacidad económica que se hace aún más inaceptable tratándose de un sindicato que no cesa en pedir responsabilidades al Gobierno, que clama contra la reforma laboral pero la aplica

LA gestión económica de los sindicatos tiene que ser objeto de una cuidadosa revisión por parte de las administraciones públicas, porque no es admisible la doble moral con la que se comportan cuando se trata de resolver sus propios problemas laborales. Tal y como ha venido informando ABC, la ejecutiva de UGT-Andalucía gastó medio millón de euros en tarjetas Visa durante 2010. En 2012, este mismo sindicato presentó un expediente de regulación de empleo para 159 trabajadores. Coincidiendo con esta actuación de su organización, el secretario general de UGT-Andalucía, Manuel Pastrana, pagó más de 800 euros, con cargo a la tarjeta de crédito del sindicato, por una cena en un restaurante de la ciudad sudafricana de Durban. Hoy, además, este periódico aporta que el sindicato pagó el chalé en el que vive.

No cabe duda de que estas informaciones han influido en que Pastrana anunciara ayer que no se presentará a la reelección en el próximo congreso de la UGT andaluza, aunque haya vendido su decisión como una «posibilidad para el cambio» y por su estado de salud. Sin embargo, no es suficiente con esta defenestración. Quizá UGT quiera ofrecer su cabeza política como el punto final del escándalo. Pero el asunto es mucho más grave que lo que Pastrana representa -otro capítulo de la impunidad de la izquierda en Andalucía-, porque el informe pericial presentado ante el Tribunal Superior de Justicia andaluz y las alegaciones de los propios trabajadores despedidos desmontan, uno tras otro, todos los argumentos económicos con los que la UGT quiso justificar el despido de 159 trabajadores a través del ERE. Otro ERE bajo sospecha. Según el perito economista que ha informado al Tribunal andaluz, las cuentas de UGT presentan «gastos superfluos o de difícil justificación». Los trabajadores, por su parte, han alegado ante los jueces que el sindicato recibió en 2012 unos 23 millones de euros en ayudas públicas. Además, en el proceso judicial hay claros indicios de unas cuentas en las que aparecen y desaparecen determinadas partidas; también hay datos que permiten sospechar que se han pagado gastos ajenos a la actividad propia del sindicato. Y gran parte de ese dinero es público.

El asunto es tan grave y los indicios tan serios que las explicaciones han de llegar de la dirección federal del sindicato. Cándido Méndez, recién reelegido, debe aclarar todos los extremos de este escandaloso comportamiento de su delegación andaluza, parte principal, además, del escándalo de los ERE fraudulentos, como sospecha la juez Alaya.

Pastrana es la punta de un iceberg de opacidad económica que se hace aún más inaceptable tratándose de un sindicato que no cesa en pedir responsabilidades al Gobierno; que clama contra la misma reforma laboral que aplica a sus trabajadores y que se prodiga en el alegre uso de instrumentos tan poco adecuados a su ideario de clase como la Visa oro. Ya que no se puede esperar coherencia, al menos deben exigirse responsabilidades.