Un futuro en llamas

El futuro del Consorcio Provincial de Bomberos se decide esta semana. Y no, no es una frase hecha. Los 73 municipios cordobeses que forman parte de este organismo (todos excepto Córdoba y Almodóvar del Río) tendrán que votar en la junta general que se convocará el viernes, como muy tarde, si quieren seguir formando parte del Consorcio que conocen hasta ahora u optan por el nuevo modelo de gestión que planteará el equipo de gobierno del PP en la Diputación, socio mayoritario con el 51 por ciento de representación. Esta última alternativa es la única posible, ya que la salida del Consorcio es algo inviable, ya que ello implicaría saldar los atrasos pendientes, la parte proporcional de los 13 millones de deuda entre impagos a la Seguridad Social y la Agencia Tributaria y crear un servicio propio de la noche al día, ya que esta prestación es una obligación que tienen todos los municipios y no puede haber un vacío. Además, si el 70 por ciento de las corporaciones locales no tiene liquidez para pagar en tiempo y forma su aportación al Consorcio, difícilmente podrán asumir la inversión que supone crear un parque de bomberos propio.

Así que aceptar el nuevo modelo es la única opción. Y esto sólo implica una cosa: Poner más dinero. ¿Pero cuál es el modelo que presentará Diputación? Según ha podido saber ABC se va a plantear una gestión más eficaz de los recursos y se va a «meter en vereda» a los ayuntamientos para que se pongan al día en sus obligaciones. Y sobre todo, se va a dotar de transparencia y mayor control a la gestión. Para ello, se acabará con la figura «todopoderosa» del gerente, que hasta ahora ha sido quien ha dirigido el Consorcio como si de su empresa se tratase. De hecho el anterior responsable de la Gerencia, Antonio Navarrete, está bajo sospecha por haber desviado fondos por valor de 546.021 a cuentas privadas, entre ellas la suya. El fiscal también investiga otros hechos presuntamente delictivos, como la usurpación de firma de funcionario público por parte de Navarrete para pedir un crédito de 2,7 millones o el cobro de 127.860 euros en concepto de horas extras cuando no tenía derecho a ellas por ser un cargo directivo.

Pues bien, para evitar que estas prácticas, en cuarentena para ser consideradas fraudulentas, se repitan, el presidente del Consorcio de Bomberos, Manuel Gutiérrez, presentará a la junta general para su votación la creación de las figuras del tesorero y del interventor, que se unirán a la plantilla del organismo.

El otro pilar del nuevo modelo de gestión del PP será el plan económico-financiero, que en palabras del vicepresidente primero de la Diputación, Salvador Fuentes, será el «andamio del nuevo Consorcio». Con este documento se prentede hacer un diagnóstico de la situación financiera del organismo, que contemple y asuma la deuda de 8,2 millones a la Seguridad Social, para lo cual ya hay un plan de pago; la reclamada de oficio la semana pasada por la Agencia Tributaria de 3,8 millones por impagos de cuotas del IRPF de los ejercicios de 2009 y 2010 -incluye las sanciones y los intereses de demora-, la deuda de 1,4 millones por el impago del IRPF de 2011, en periodo voluntario de cobro y sin sanciones aún; o la subida de cuotas previstas para mantener el nuevo Consorcio, ya que hasta ahora el 90% del presupuesto era para pagar a la plantilla, sin margen para modernizar las instalaciones o renovar los vehículos y material de los bomberos.

Otro aspecto de la nueva gestión será acabar con «los presupuestos fotocopiados». Es decir, durante años, el presupuesto del Consorcio era una copia. Así lo denunció y lo demostró el actual gerente, Juan Carlos Jurado, quien desveló que ni si quiera se actualizaba el precio de la gasolina, presupuestando a 0,81 céntimos el litro todos los años.

Y por último, y quizá la medida más dolorosa del nuevo modelo de Consorcio Provincial de Bomberos, es el pago anticipado de cuotas para evitar los descubiertos, como el que sufre ahora el organismo, sin dinero para pagar las nóminas y que está obligado a recurrir a una operación de crédito para garantizar los salarios de los bomberos hasta 2013. Esta situación se debe al incumplimiento de los ayuntamientos de hacer su aportación en tiempo y forma, ya que la gestión del PSOE, la única que ha conocido hasta el año pasado el Consorcio, mal acostumbró a los municipios a no pagar y esperar a que Diputación le retrayese la cuota con cargo a su participación en los ingresos generados por los tributos. Y esto se ha ido manteniendo en el tiempo y obligando a pedir hasta dos créditos al año para pagar nóminas, lo que engorda la deuda con los bancos.

El equipo de gobierno del PP es consciente de la delicada situación financiera de los ayuntamientos, pero ya se ha hartado de parchear y marear la perdiz para no afrontar la cruda realidad. En la próxima junta general contará las verdades del barquero. Y para ello, tendrá un aliado inesperado y hasta cierto punto antinatura -según la ideología de izquierdas-, como es el sindicato mayoritario CSI-F, que ha pedido tener voz en la junta para «dar un tirón» a los ayuntamientos y que asuman sus responsabilidades para enmendar el desaguisado dejado por los anteriores gestores.