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Permítanme que titule la columna de hoy como antaño se anunciaba, en los carteles taurinos, el número de morlacos que integraba un festejo. En realidad se lidiaban seis astados, pero también se señalaba en el numeral al sobrero que tenía la misma importancia que los que iban, en principio, a lidiarse. Con frecuencia el sobrero saltaba a la arena, al considerar la presidencia que algún titular no reunía condiciones adecuadas para la lidia. Hoy son pocos los sobreros que se ven salir por la puerta de toriles, aunque si se aplicara el reglamento como es debido, habría corridas donde los sobreros lidiados superaría la cifra señalada en el cartel. El aroma taurino con que comienza la columna, nada tiene que ver con su contenido, se debe a mi deseo de reseñar que el Tribunal Constitucional de Francia se ha pronunciado a favor de la legalidad de las corridas de toros en las tierras francesas del sur -algunas de cuyas comarcas antaño, mire usted por dónde, pertenecieron al Principado de Cataluña, es decir a España-, al considerar los festejos una tradición.

En realidad, de lo que quiero escribir es de la nueva reforma educativa anunciada por el gobierno. Es la séptima que sufre -utilizo la palabra en su sentido de soportar, tolerar o aguantar-en las tres últimas décadas, nuestro sistema educativo. Reformas que nos han conducido a un laberinto donde el fracaso afecta a más de la cuarta parte de nuestros escolares y en algunas partes, como es el caso de Andalucía, llega casi a un tercio. Además del elevado porcentaje de fracasos, nuestros alumnos, según señalan de forma reiterada los informes Pisa, están a la cola de los países europeos en lo que a comprensión del lenguaje y matemáticas se refiere. No hay duda de que la sopa de siglas que ha acompañado las últimas décadas a nuestro sistema educativo -LOECE, LODE, LOPECED, LOE, LOGSE- ha colaborado de forma importante al fracaso, llegándose al naufragio con la Logse. Los llamados grandes partidos de ámbito estatal -PSOE y PP- han sido incapaces de articular una legislación que pusiera la enseñanza al pairo de los cambios gubernamentales. No ha sido posible un acuerdo equivalente al pacto de Toledo, con el que se protegieron las pensiones. Más bien se ha caminado en sentido y contrario y la inestabilidad del sistema ha dado los resultados que están a la vista. Si a ello unimos que la desmotivación de muchos docentes como consecuencia del desprestigio social de la profesión -agresiones, conflictividad en las aulas con casos de violencia grave o búsqueda desde las instancias administrativas de resultados estadísticos por encima de la calidad educativa-, ha colaborado a un panorama tan poco halagüeño. Y sumamos que la burbuja inmobiliaria llevó a miles de escolares al ladrillo, que permitía, sin apenas cualificación, ganar un dinero que difícilmente se encontraba al final de una formación larga y dura, donde destacar -ahora lo llaman excelencia- era un anatema, tenemos el cuadro completo.

No me pronuncio sobre la reforma del ministro Wert, que apunta a controlar el desmadre. Simplemente constato que es la séptima que se acomete en tres décadas. El patio está revuelto y será necesaria mucha capacidad para llevarla a buen puerto. Algo que, sin duda, es una necesidad urgente.