economía
El pago de 32 millones a ex directivos de Caja Segovia supera la Obra Social de cuatro años
El ex director general, José Manuel Escribano, con 15 millones entre la prejubilación y la pensión, encabeza una lista que investiga la Audiencia
Con las entidades financieras en el punto de mira de la sociedad y ante las primeras medidas judiciales contra las controvertidas y «millonarias» decisiones tomadas por las Cajas en los últimos años, en Castilla y León es Caja Segovia la única que, de momento, está siendo inspeccionada por la Justicia tras la denuncia de UPyD y del Ministerio Fiscal. Aún en fase de instrucción, la Audiencia Provincial ya tiene en su poder el listado de suculentas prejubilaciones y pensiones con las que se dotaron los ya ex directivos de la entidad con el visto bueno del Consejo de Administración.
Euro arriba o euro abajo ocho de los altos cargos más importantes de la caja en los últimos años están recibiendo ya desde su retiro de la Caja –aunque alguno sigue trabajando en otros sectores– elevadas cantidades que, en conjunto, y hasta su jubilación superan los 17 millones de euros. Si este dinero no les diera para vivir, una vez superen los 65 años podrán disfrutar también de las pólizas y pensiones diseñadas tanto por la entidad como la acordada con la aseguradora Caser por una suma global de otros 15,2 millones repartidas, en este caso, entre 12 directivos.
El desembolso global de algo más de 32 millones de euros (5.300 millones de las antiguas pesetas) recurrido ante el juez es prácticamente la misma cantidad que Caja Segovia ha destinado para su amplísima y eficaz Obra Social en los últimos cuatro años.
La lista de beneficiarios de estas condiciones la encabeza con diferencia el ex director general, Manuel Escribano , que recibirá un total de 5,6 millones en concepto de prejubilación «mensual» a los que añadirá a partir de los 65 años otros 9,5 millones después de dejar la Caja con un sueldo superior a los 850.000 euros anuales.
Su sustituto por espacio de apenas un año fue Miguel Ángel Sánchez Plaza, que se marchó con la seguridad de recibir a lo largo de su vida un total cercano a los 12 millones entre un capítulo y otro.
A mucha distancia les sigue el ex director de Riesgos, Óscar Javier Varas (una suma de tres millones) y el ex director de Recursos Humanos, Enrique Quintanilla Herrero (2,6 millones). En el listado también aparecer el ex secretario general de la entidad, Antonio Luis Tapias, al que le concedieron un global de dos millones entre prejubilación y pensión.
Por encima del millón de euros aparece el edil del PP Juan Antonio Folgado, aunque sus pólizas «apenas» superan los 148.000 euros. Otro miembro del Consejo de Dirección que recibe ya sus abonos es Juan Bautista Magaña, que logró un pago de 687.000 euros y unas primas de jubilación de similar cantidad.
El último en engrosar esta nómina es Malaquías del Pozo, quien dejó hace unos días su cargo de Director de Comunicación y Obra Social y que, según los números en poder de la Audiencia, percibirá una suma conjunta de cerca de 800.000 euros.
Las cantidades, confirmadas a ABC por varios miembros del actual y el anterior Consejo de Administración (cambió el pasado 27 de julio) han sido remitidas tanto a la Audiencia Provincia como a la Nacional, que instruye las diligencias para decidir si ve indicios de delito y es necesario abrir un juicio al respecto.
Depurar «responsabilidades»
Hasta que se pronuncie el juez, todos los consejeros que han hablado con este periódico aseguran que su responsabilidad en estos pagos es «nula» al considerar que tanto las prejubilaciones como las indemnizaciones son «legales» al realizarse en las mismas condiciones que se aplicó con los trabajadores de la Caja. Aunque todos ellos también señalan que es un dinero «muy elevado» y que «socialmente puede parecer algo escandaloso» tanto los representantes del PP como los del PSOE en el principal órgano de gobierno de la Caja insisten en que no negociaron unas condiciones que empezaron a pactarse en 2001 y que éstos se limitaban a firmar los acuerdos que le llegaban desde la Comisión de Retribuciones –al frente estaba el ex presidente de la Caja, Atilano Soto y en ella también participaban varios consejeros «políticos»–. Además de negar cualquier toma de decisión en este sentido ven complicado que la Caja dé marcha atrás a las prejubilaciones aprobadas.
Frente a estas afirmaciones en bloque de los que fueron responsables de la entidades y de que el nuevo presidente de la Caja, Rafael Encinas, ya haya afirmado que no va a tomar ninguna medida para «tocar» esos pagos, desde UPyD insisten en que hay que «depurar las responsabilidades» y, para ello, hace unos días reclamaron al juez la imputación de los consejeros. Su portavoz en Segovia, Luciana Miguel, pide de primeras que «se devuelva el dinero» porque «hay mecanismos para hacerlo». Por último, denuncia el aumento de sueldo de los directivos para que creciera también su prejubilación «cuando ya se sabía que la entidad iba a integrarse en Bankia» y que está próxima a convertirse en una fundación.
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