La eterna tormenta eléctrica
El choque entre Industria y Hacienda ha retrasado una reforma de la que está muy pendiente Europa
El calendario apremia. La ley obliga a que el déficit tarifario -la diferencia entre los costes regulados del sistema y los ingresos- se anule en 2013. Y su tendencia sigue en clara línea creciente. Según datos de la Comisión Nacional de Energía (CNE), en lo que va de año ya ha duplicado con 3.180 millones el tope legal establecido: 1.500 millones. La deuda acumulada es de 24.000 millones y ascendería a 30.000 millones a final de 2013 si no se toman ahora medidas para cortarlo.
Todo indica, por tanto, que un nuevo paquete de medidas debería de llegar antes de que finalice el año. Ese es el empeño del Gobierno. Como confirmó Soria en su comparecencia ante la Comisión de Industria, Energía y Turismo del Congreso de los Diputados del pasado jueves, 5 de septiembre.
Allí reconoció que el déficit de tarifa es uno de los «problemas más importantes» de su departamento y aseguró que todas las medidas planteadas tienen la intención de atajarlo. No pudo ser más contundent e. Según los cálculos del ministro, la suma de las medidas adoptadas en 2012 ha permitido reducir el déficit en 3.586 millones. Sin embargo, en un clima de desconfianza entre los agentes implicados, fuentes del sector tampoco descartan que se aplace el problema ante otras prioridades económicas del Gobierno y la falta de acuerdo en el seno del Ejecutivo. Todas las empresas están en ascuas.
El ministro Soria ha insistido en explicar gráficamente el desequilibrio. Hay dos fórmulas para reducir más el déficit: o se elevan los ingresos del sistema o se reducen sus costes. Todo con la intención de repartir los esfuerzos entre «consumidores, compañías y Estado», explicó Soria. La propuesta que Industria puso sobre la mesa planteaba subir los impuestos a los productores de energía. Una medida que requiere del visto bueno del Ministerio de Hacienda, competente en materia fiscal. La intención de Soria era gravar con porcentajes diferentes a las diversas tecnologías. Con un 4% a las energías del régimen ordinario, las eléctricas tradicionales, y con un porcentaje variable a las energías del régimen especial: un 19% a las fotovoltaicas, un 13% a las termosolares, un 11% a las eólicas, un 4,5% a la biomasa y un 4% a la congeneración. Lo que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, considera «discriminatorio».
Hacienda sugiere un tipo único a todas las fuentes de energía para evitar «problemas legales» con Europa. Esta fórmula homogénea multiplica al menos por dos el golpe a las eléctricas y rebaja el impacto en las renovables. El conflicto saltó a la opinión pública tras una entrevista de Montoro con la agencia americana Bloomberg el pasado 21 de agosto.
En ella, el ministro de Hacienda afirmó que él tiene la «última palabra» en la creación de impuestos y restó importancia a la reforma energética. «No es decisiva» para los problemas financieros del país, apuntó. La respuesta de Soria recordó que la reforma energética es potestad de Industria.
Dos fases
Este bloqueo ha llevado a Industria a explorar la otra vía de ajustes. Si no puede incrementar los ingresos, se verá obligado a reducir los costes , según fuentes cercanas a Industria. Esta posibilidad llevaría a un nuevo recorte de las primas a las energías renovables, que ya sufren una moratoria desde el mes de enero. En la Comisión de Industria del Congreso, Soria insinuó esta posibilidad.
Recordó el aval que supone la sentencia del Tribunal Supremo de 26 de junio sobre el recorte a las subvenciones de las fotovoltaicas. El ministro de Industria argumentó que si baja el coste de la tecnología, debe bajar también la cuantía de la prima. Esta opción solo se maneja como alternativa a la propuesta impositiva y es un mensaje dirigido a Montoro. A quien también recordó la urgencia de la reforma: si no se hace nada, el déficit de 2013 sumará 6.000 millones, insistió Soria contundente. O hay acuerdo o se buscarán otras opciones. Las empresas renovables auguran un conflicto en los tribunales internacionales en caso de que se tomen medidas retroactivas. También aseguran que la incertidumbre actual y las propuestas que se barajan están alejando a los inversores.
Fuentes del sector eléctrico lamentan que todos los planes sobre la mesa se limiten a subidas de impuestos. Entienden que ello no es una reforma, sino solo una nueva fiscalidad. Pero todo apunta a que habrá dos fases. Después de contener el déficit de tarifa, el Gobierno abordará una reforma de los mecanismos del mercado eléctrico. Para ello, antes deben llegar las esperadas medidas recaudatorias. Al alumno se le está agotando el calendario en una tormenta que nunca cesa.
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