El ministro de Justicia de Sudáfrica cuestiona la imputación de los mineros

El ministro de Justicia sudafricano, Jeff Radebe, ha pedido públicamente explicaciones a la Fiscalía Nacional por su decisión de imputar cargos de asesinato a 270 mineros por la muerte de 34 compañeros de la mina de platino de Marikana , en el noreste de Sudáfrica, tiroteados por la Policía el pasado 16 de agosto, según ha informado la cadena de televisión SABC.

La Fiscalía ha decidido imputar a los 270 mineros después de que la Policía asegurara que había encontrado cadáveres con disparos en la espalda, circunstancia que ha considerado que podría apuntar a que fueron asesinados por sus propios compañeros. La imputación se basa en la aplicación de una ley que data de los últimos años del Apartheid y que permite procesar y condenar a todo un grupo de personas cuando una de ellas ha cometido un crimen por la suposición de que existen connivencia y objetivos comunes entre todos los miembros del colectivo.

En un comunicado, Radebe ha informado de que ha pedido al director de la Fiscalía Nacional, Nomgcobo Jiba, que le presente cuanto antes un informe para explicar su decisión de imputar a los mineros. Radebe ha incidido en que la imputación ha provocado consternación, «pánico» y «confusión» en la sociedad sudafricana. Añadió que la Constitución establece que el ministro de Justicia «debe ejercer la responsabilidad final sobre la autoridad fiscal».

El pasado 16 de agosto, 34 mineros murieron por disparos de la Policía durante unos enfrentamientos entre agentes y trabajadores que se manifestaban en el exterior de la mina de platino de Marikana. Los 270 mineros arrestados al término de los altercados fueron inicialmente imputados por desórdenes públicos. La Fiscalía Nacional sudafricana anunció que finalmente les imputará cargos de asesinato, una decisión que ha sido ampliamente criticada en Sudáfrica y por varios países de la comunidad internacional.

La Fiscalía basa la imputación en la jurisprudencia aplicada con la Doctrina del Propósito Común para frenar las revueltas en la última época del Apartheid, lo que ha sido interpretado como un abuso y una decisión absurda por el experto en Derecho Constitucional Pierre de Vos. «La Ley de Doctrina Común fue muy empleada durante los últimos diez años del Apartheid en casos en los que había muchas personas que cometían crímenes aprovechándose de las concentraciones. Entonces, todo el grupo se vincula con la persona que comete el crimen y es perseguido y condenado por sus objetivos comunes», ha explicado.