En medio de la polémica, Marín anuncia que la agrupación de alumnos con discapacidad es experimental y voluntaria

El consejero de Educación, Cultura y Deporte, Marcial Marín, anunció ayer que no tiene intención de esconderse sino de «explicar cómo estamos salvando a la educación de la quiebra». Aseguró que se va a empezar una segunda ronda de conversaciones con todos los sectores a los que haga falta «para explicar el porqué de las medidas que estamos aplicando en la educación».

El consejero aseguró que «actuarán con transparencia y total predisposición al diálogo porque estamos convencidos de la necesidad de las medidas». Así exigió a los responsables sindicales y al PSOE que dejen de lado «la campaña de intoxicación y difamaciones emprendida» por sus declaraciones que vaticinan «un inicio de curso caótico por el despido masivo de docentes» y declaró que con las medidas que están llevando a cabo, aunque sean duras, «se garantiza la sostenibilidad del sistema educativo», que además respalda «la nómina de 27.000 funcionarios», lo que rebatió IU asegurando que «suprimir puestos de trabajo supone incumple la Ley de Servicios Sociales de Castilla-La Mancha.

En este sentido, el consejero aseguró que en lo referente a la atención a niños con discapacidad «todos los alumnos con necesidades educativas especiales van a seguir siendo atendidos sin excepción alguna, garantizando su escolarización en centros ordinarios», ya que «no se va a tocar» el modelo de inclusión educativa. Sin embargo, y según Marín, «de forma paralela, experimental y voluntaria se reforzará la atención a estos niños en siete centros especializados en donde serán atendidos por personal y aulas más preparadas». Se trata de centros que no sustituirán al modelo de inclusión vigente en centros ordinarios, aseguró el consejero.

Respondía así a las críticas que han llegado desde varios frentes sobre esta cuestión, como las de la vicesecretaria y portavoz del PSOE, Cristina Maestre, quién, haciéndose eco de la denuncia realizada por los propios padres desde la plataforma de Padres y Mares de Niños con Discapacidad, calificó de «tremenda barbaridad» este proyecto de la Junta. A juicio de la portavoz socialista supondría un paso atrás «sin precedentes» en la política de integración llevada a cabo hasta ahora. Ambas organizaciones denunciaron la semana pasada que la Consejería de Educación les comunicó que se ha hecho la selección de un «Centro de Atención Preferente» en cada una de las cinco capitales de provincia y que a partir de septiembre llamarán a los padres seleccionados para que digan sin acceden o no al traslado.

Por su parte, la Plataforma en defensa de la Ley de Dependencia en Castilla-La Mancha apoyó las reivindicaciones de la Asociación de Madres y Padres de Atención Temprana denunciando que esta medida «no tiene justifiación económica ni desde de cualquier punto de vista, a no ser que la propia convicción ideológica del Gobierno que preside Cospedal venga marcada por considerar a estos niños personas de inferior categoría y con ningún derecho», según informó la asociación.