La gran mentira del agravio catalán

Desde hace bastantes años estamos asistiendo a una ofensiva catalana para modificar los mecanismos de financiación de su autonomía, pretendiendo asimilarse al cupo del País Vasco y Navarra. Privilegios feudales los denominó en su día el que fuera presidente de Extremadura, Rodríguez Ibarra. Esta ofensiva es la culminación de un proceso iniciado desde la caída del franquismo por los sucesivos gobiernos nacionalistas del señor Pujol , en los que se pretendió vender la idea de una Cataluña explotada fiscalmente por el resto de España y especialmente por la España «subsidiada». Discurso impregnado del peor nacionalismo similar al que los alemanes nos aplican actualmente al conjunto de los españoles.

A pesar del alto componente de inmigrantes que viven en Cataluña procedentes de esa España «subsidiada», poco a poco se ha ido difundiendo esa idea para conseguir el más amplio respaldo de la sociedad catalana en la pretensión de modificar el modelo de financiación que, en el fondo, es una apuesta por la reducción, si no eliminación, de la solidaridad entre las comunidades autónomas. Una solidaridad entre territorios que no es tal, sino que realmente consiste en solidaridad «forzada por el Estado» desde los ciudadanos de mayor nivel de renta hacia los de menor a través de las características del impuesto correspondiente; y ya sabemos a qué estratos de renta representan los nacionalismos.

Se han utilizado las balanzas fiscales territoriales como base científica para justificar ese ataque al principio de solidaridad en que se fundamenta el funcionamiento de la España autonómica frente a las cuales el argumento desmitificador de la gran mentira es que quienes tributan son los ciudadanos no los territorios , como si estos fueran sujetos pasivos de la imposición. Y es evidente que si hay mayor nivel de renta per cápita en Cataluña que en el resto de España, también es lógico que Cataluña tribute más en términos relativos .

Pero también se han utilizado , y se siguen utilizando, los peajes de las autopistas para difundir ante la población catalana ese presunto maltrato o explotación fiscal de España respecto de Cataluña. Paso a referirme a este punto. El discurso es el siguiente: ¿Por qué los catalanes tenemos que pagar peajes para utilizar las autopistas mientras que en el resto de España las autovías son libres? Discurso nacionalista aparentemente intachable que se basa en una mentira histórica como otras muchas en que los nacionalistas tratan de fundamentar sus pretendidos agravios. ¡Qué flaca es la memoria!

Refresquémosla y vayamos a los años setenta. Porque esas autopistas catalanas , que se construyeron en el tardofranquismo —dato muy importante— hace ya casi cuarenta años, las hemos estado pagando desde entonces también todos los españoles , a través de los Presupuestos Generales del Estado. Y, ¿cómo es eso se preguntará el lector? La respuesta es simple. Las primeras autopistas de peaje construidas en Cataluña y el País Vasco se abordaron con créditos internacionales en los que el estado español (es decir el conjunto de los españoles a través de sus impuestos) garantizaba el tipo de cambio . Eso significa lisa y llanamente que las empresas explotadoras de las mismas han estado devolviendo dichos créditos en dólares, pero a un tipo de cambio fijo. Tipo que cuando se concertaron esos créditos estaba en torno a las 70 pesetas por dólar.

Pero al poco tiempo llegaron las sucesivas crisis del petróleo, la crisis industrial, el hundimiento del franquismo, la crisis política, etc., y el tipo de cambio alcanzó casi las 200 pesetas por dólar. La diferencia entre uno y otro tipo de cambio, es decir entre las 70 pesetas aproximadamente en que se concertaron y, por ejemplo, las 140 pesetas en que se cambiaría el dólar hoy día de existir la divisa española, la ha pagado desde entonces el Estado español a través de unas partidas específicas en los Presupuestos Generales . ¿En qué medida esa decisión se pudo tomar aprovechando la debilidad del régimen franquista en sus últimos momentos? Que el lector saque sus consecuencias. En cualquier caso, las autopistas catalanas y vascas las hemos pagado entre todos los españoles a precio de oro.

Sería pues muy ilustrativo cuantificar cuánto nos ha costado a todos los españoles ese seguro de cambio, cifras que debieron aparecer en los presupuestos de cada año y que, por cierto, son muy difíciles de encontrar en el maremágnum de partidas presupuestarias y sus cambiantes denominaciones. A finales de los años noventa detecté la cifra consignada en los Presupuestos Generales, creo recordar que de 1999, y era de 1,027 billones de pesetas, es decir casi 6.200 millones de euros, y se calculaba que todavía quedaban por pagar otros 300.000 millones de pesetas más —1.800 millones de euros adicionales— para amortizar totalmente esos créditos internacionales que ya se habrán terminado de amortizar. Ignoro si esas cantidades incluían seguros de cambio de otro tipo de inversiones, pero lo que es evidente es que todos los españoles pagamos por lo menos lo mismo que las concesionarias en seguros de cambio con nuestros impuestos . ¿Alguien podría hacer la cuenta y desmontar, de una vez por todas, esa enorme falacia de que los catalanes pagan peaje y el resto de los españoles no?

Y no solo las hemos pagado entre todos los españoles sino que, además y principalmente, se beneficiaron de ellas las economías catalana y vasca durante muchos años en que el resto de España apenas contaba con una red de carreteras de dos carriles . Así pues, señores del gobierno catalán, dejémonos de discursos victimistas para tratar de justificar la pérdida de unos privilegios a los que la España de las Autonomías puso coto. Eso no empece para que Cataluña sufra problemas de financiación como los tienen todas las comunidades autónomas y el propio Estado español, pero las razones son muy otras como sabemos todos.

¡A lo mejor la solución al problema estaría en que el País Vasco y Navarra se financiaran como el resto de las autonomías en el marco de un proceso de armonización fiscal española vinculado a la armonización fiscal europea! Porque, ¿tiene lógica que vayamos a una armonización fiscal entre los miembros de la Unión Europea y se vaya en sentido contrario entre las autonomías en el seno de España?