Más de 1.000 millones, en la picota

Es hora de sacarse la venda de los ojos. Vigo, considerada la gran urbe industrial del noroeste peninsular, pierde enteros a favor de La Coruña. La facturación global de las empresas de la ciudad herculina supera ya a la olívica que queda así relegada a una segunda plaza en el ranking gallego. Las miradas se dirigen más que nunca al apoyo institucional, en el marco de un contexto en el que se hace imposible esquivar la crisis. A nivel empresarial, los avales del Gobierno autonómico a los sectores del naval o la automoción, entre otros, han servido de colchón para amortiguar el azote. El futuro está ahora en manos de sus gestores. A nivel de inversión pública, con más de 1.000 millones de euros presupuestados, la apuesta de la Xunta se traduce inequívoca.

Pocas veces la ciudad contó con un montante como el actual. Partidas presupuestarias ahora en la picota, ante la negativa del Gobierno municipal a asumir sus competencias. En un escenario hostil, encabezado por el alcalde socialista Abel Caballero, no sería descabellado pensar que en cualquier momento la Administración autonómica optara por cortar el grifo.

Así es en el caso del hospital de Vigo, la mayor infraestructura sanitaria proyectada en Galicia, y en España, por el equipo de Alberto Núñez Feijóo que se ha topado de frente con el «no» del alcalde. La obra llamada a cubrir la asistencia de los más de 600.000 ciudadanos que viven en el área metropolitana podría paralizarse si Caballero cumple su amenaza. La polémica generada por la elección de la fórmula de financiación público-privada —hasta once complejos como el vigués se han construido en iguales condiciones— ha servido al munícipe para bloquear la inversión local. Esto es; las redes generales de abastecimiento y saneamiento, la construcción de nuevos colectores de aguas pluviales y residuales, y la dotación a la parcela de gas y fibra óptica, poniendo en grave riesgo la conclusión del «Álvaro Cunqueiro».

Si bien, esta no es la única inversión que en estos momentos pende de un hilo. La actitud obstruccionista del gobierno socialista suma tres años de retraso a la Ciudad de la Justicia, los mismos que el Gobierno gallego ha mantenido presupuestados los 15 millones de euros que destinarán las arcas autonómicas al proyecto vigués. Una partida que podría perderse si el Ayuntamiento no cede este mismo año los terrenos para la construcción. Alrededor de 25 proyectos de obra nueva o de reforma de los edificios judiciales de los que dispone la Comunidad fueron desarrollados por la Xunta y, sin excepción, el terreno o el inmueble a rehabilitar ha sido puesto a disposición por el ayuntamiento.

La biblioteca del Estado, la Uned, la depuradora o varias autovías completan la nómina de obras que podrían no llegar a ver la luz. Y mientras todas estas se paralizan, el alcalde sigue mirando hacia el norte, hacia La Coruña, sumando así una nueva confrontación con la Xunta. Cuestiona una inversión de 9 millones de euros para enlaces coruñeses al tiempo que obvia los 25 millones de euros que el Gobierno gallego invertirá en enlazar la autovía A-52 con la Plisan, el mayor polígono industrial del sur gallego.

No obstante, las fuerte apuesta de la Xunta por Vigo, a pesar de los obstáculos, se extiende hasta la Etea. El que fuera un recinto militar, recibía el pasado 7 de junio el visto bueno del Ejecutivo autonómico para su rehabilitación. En total 840.000 euros en la recuperación del espacio para uso público, los mismos que ha invertido el Concello en unas instalaciones deportivas que a día de hoy continúan cerradas.