Ambulancias y bomberos cambiarán sus luces amarillas por otras azules

La Comisión de Tráfico y Seguridad Vial del Congreso de los Diputados ha aprobado una iniciativa de CiU que insta al Gobierno a implantar luces azules en ambulancias y vehículos de bomberos para diferenciarlos de las luces amarillas que distinguen en la actualidad a otros como tractores o equipos de limpieza.

El texto se aprueba con la abstención de UPyD «en aras de la seguridad vial y una mejor circulación» a fin de acabar con la «confusión existente» entre vehículos de carácter prioritario y de emergencia de aquellos que tan solo son transporte especial, según ha explicado el portavoz de CiU, Jordi Jané .

Asimismo, la Comisión ha dado luz verde a una iniciativa del Grupo Parlamentario Popular que insta incluir en el equipamiento vial de «todas las carreteras de titularidad estatal» la información «precisa» para que los conductores sepan la distancia que les separa de las dos estaciones de servicio más próximas en el sentido de la marcha, su ubicación real, el tipo, precio y marca del combustible ofrecido en cada una de ellas y sus horarios.

Además, ha salido adelante por unanimidad una iniciativa del PSOE que insta al Gobierno a aprobar un nuevo sistema de valoración para las indemnizaciones de los daños y perjuicios causados a las víctimas en accidentes de circulación, conocido como «baremo de tráfico», en diálogo con asociaciones de víctimas, compañías de seguros y agentes sociales.

Por otra parte, se ha rechazado una iniciativa de EAJ-PNV para que las aseguradoras facilitasen un distintivo a colocar en un lugar visible del vehículo. Con él, se acreditaría la suscripción de un seguro. No llevar la pegatina se sancionaría con 60 euro.

Igualmente, y pese a que contaba con el apoyo de CiU y el PSOE, 23 votos en contra frente a 18 favorables han sentenciado la propuesta de Izquierda Plural para regular por ley la obligación de eliminar los tramos de concentración de accidentes o puntos negros a fin de reducir la siniestralidad, y ejecutar en un plazo de seis meses un «plan de choque» para su erradicación.