Subir la luz, primera parada de la reforma energética

El gobierno ha avisado de que el esfuerzo no recaerá solo en los consumidores

luis p. arechederra/luis m. ontoso

26/03/2012
Actualizado a las 13:01h.

José Manuel Soria afronta la que será una de las semanas más díficiles en su aún breve experiencia al frente del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. El acostumbrado enfrentamiento entre las renovables y los operadores tradicionales se ha recrudecido en las últimas semanas. Y el Ejecutivo, obligado a encauzar una reforma energética que ponga punto y final a los millonarios desequilibrios heredados de las antiguas administraciones, se ha visto atrapado en ese fuego cruzado. El primer paso es la subida del recibo de la luz, pese a que la subasta de energía entre las comercializadoras celebrada el pasado miércoles arrojó un descenso del 7%.

La caída del precio de la energía dio más margen, aunque resultó insuficiente para eludir el incremento de la tarifa al que obliga el auto del Tribunal Supremo que anula las congelaciones de las dos últimas dos revisiones (en enero y octubre). La resolución del Alto Tribunal no solo obliga a subir los peajes de acceso (que suponen el 50% del precio final), sino que además el Gobierno deberá refacturar los consumos durante ese periodo de los más de 18 millones de clientes acogidos a la Tarifa de Último Recurso (TUR).

Como primera medida, en la búsqueda de esa fórmula para resolver la cuadratura del círculo, Soria maneja una horquilla de incremento en la factura a partir del 1 de abril de entre el 6% y el 7%. Esta subida permitiría elevar hasta un 20% los llamados «peajes de acceso» , la parte regulada del recibo con la que se retribuyen los costes de distribución, transporte, las primas a las renovables y las subvenciones al carbón nacional. Este término, además, se destina a tapar el agujero de 24.000 millones de euros que reclaman las eléctricas porque históricamente los ingresos han resultado inferiores a los costes del sistema, el germen del famoso déficit de tarifa.

Pero el Ejecutivo avisa: el ajuste no recaerá únicamente «sobre las espaldas de los consumidores». Es decir, que el grueso de las reformas no se basará solo en el estiramiento del recibo.

Una de las vías de ingresos de Unesa, la actividad de distribución , se encuentra en el punto de mira del paquete de reformas que podría comenzar a desembalar el próximo viernes. Este concepto supuso el año pasado 5.462 millones de euros, algo más del 32% de los costes de acceso que pagan los usuarios con cargo a la tarifa de la luz. La revisión de esta partida fue una de las medidas solicitadas hace semanas por la CNE en un documento polémico.

Todos contra la CNE

Y es que el conjunto de propuestas de la CNE no fue bien recibido por nadie. Unesa las calificó de «desequilibrantes». Protermosolar se mostró «decepcionada». Incluso el Ministerio de Industria lamentó su publicación.

Entre sus medidas, el organismo propone aplazar el pago de las primas que reciben las centrales termosolares en prerregistro, garantizando que los propietarios tengan ingresos en el futuro. También solicita un nuevo impuesto a los carburantes, de siete céntimos de euro por litro, para financiar las primas a las renovables. La fiscalidad de la gasolina pasaría al 52%, y la del gasóleo, al 46%, ambas cifras todavía por debajo de la media europea. La intención es extender el coste de la financiación de las renovables a otros operadores energéticos que consumen CO2. El informe también propone eliminar los incentivos al consumo de carbón nacional, revisar los costes de transporte y trasladar los costes extrapeninsulares a los Presupuestos Generales del Estado.

Cuando se hizo público el informe de la CNE, todos los agentes del sector eléctrico expresaron, con entusiasmo, su desacuerdo. Sus cartas ya están boca arriba. Ahora todos callan a la espera de los movimientos del Gobierno. La crispación es tangible.