«La ley de Transparencia es el mejor antídoto contra la corrupción»

La aprobación de la ley de Transparencia por el Consejo de Ministros ha coincidido con la celebración del I Foro de Transparencia y Buen Gobierno en España, iniciativa del embajador de Chile, Sergio Romero, y organizado por la Universidad Alcalá de Henares en colaboración con la Fundación Chile España y la Pontificia Universidad Católica de Chile.

Entre sus ponentes se encontraban los senadores Hernán Larraín y Eugenio Tuma, impulsores de la ley de Transparencia que vio la luz en el país andino hace tres años con la unanimidad de las dos coaliciones políticas principales a los que representan. Larraín pertenece a la Unión Demócrata Independiente (centro-derecha), mientras que Tuma milita en las filas del Partido por la Democracia (centro-izquierda). Ambos, «sorprendidos por que España no contara con una ley de este tipo» , insisten en que el éxito de una ley de Transparencia radica en que tiene que ser «una política de Estado».

¿Cómo debe ser una buena ley de Transparencia? «Debe estar concebida sobre un principio esencial: el dueño de la información es el ciudadano y no la autoridad. Sólo por excepción, como la seguridad del Estado y circunstancias de esa naturaleza, debe ser la autoridad quien retenga el conocimiento de la información», explica el senador Larraín, para quien ahora el Gobierno español debe « establecer normas claras para ver qué se entiende por información pública a la que podrá acceder el ciudadano de forma gratuita y definir los ámbitos de reservas de información, restringidos para el ciudadano».

Defendiendo la experiencia chilena, los dos senadores abogan por la creación de un órgano rector de carácter autónomo y colegiado que dirima los posibles conflictos ante ciudadanos a los que les deniegue la información. «No hay que dejar este tipo de resoluciones en manos de los jueces porque si es así el proceso se dilatará y encarecerá».

Los dos senadores defienden que una ley de Transparencia es « una manera de fortalecer el Estado, la democracia y canalizar la inquietud ciudadana a través de un canal institucional», sobre todo, ante estos últimos tiempos de manifestaciones y contestación ciudadana.

«La norma en definitiva ayuda al buen Gobierno y a la gobernanza ya que quien desempeña las funciones públicas deberá rendir cuentas y podrán ser controlados por los distintos actores sociales como asociaciones, periodistas, ciudadanos comunes... Es el mejor antídoto contra la corrupción», apunta Larraín.

Por su parte, el senador Tuma insiste en que «los ciudadanos ya no se conforman con elegir sus autoridades. Quieren saber qué, cómo y con cuánto dinero lo hacen». Por cierto, en Chile, en algunos casos estipulados, los ciudadanos pueden acceder a correos electrónicos entre ministros.