La Ley de Transparencia permitirá conocer a los «enchufados» públicos

Conocer los nombres y apellidos de los «enchufados», así como las razones que explican su contratación. Este es uno de los objetivos de la Ley de Transparencia que hoy aprobará el Consejo de Ministros y que ayer defendió el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en un acto electoral en Ribadesella en apoyo de la candidata del PP en Asturias, Mercedes Fernández.

Esta normativa legislativa es uno de los pilares fundamentales de la política de austeridad del Gobierno. Según Rajoy, la gente tiene que saber «en qué se gasta su dinero» y, «si se enchufa» a alguien, deben conocerse «el nombre y apellidos» .

Rajoy insistió ante los militantes y simpatizantes de su partido en Asturias que los cargos públicos «deben ser austeros y respetar como nunca el dinero de los ciudadanos».

Con esta ley, una de las promesas electorales en la que más empeño puso Mariano Rajoy durante su campaña electoral para las elecciones generales, el presidente del Gobierno pretende una mejor gestión de los fondos públicos y un mayor conocimiento del uso de los mismos por parte de la ciudadanía.

Rajoy fue muy explícito a la hora de explicar el problema que se deriva del enchufismo en las administraciones públicas y se mostró dispuesto a dar publicidad a los concursos públicos en las contrataciones de personal para que se sepa si corresponden o no a una ocurrencia «del señor de turno».

El jefe del Ejecutivo desgranó el contenido de esta ley, que fue anunciada por la vicepresidenta del Gobierno en un acto electoral en Andalucía, y explicó que se trata de que los ciudadanos conozcan las subvenciones queW se dan, porque hay que publicarlas. « Se sabrá lo que ingresa cada ayuntamiento, comunidad y gobierno ; los impuestos que paga la gente, los sueldos de los dirigentes, un sistema de responsabilidad para todos los gestores que hagan un mal uso del dinero de todos los contribuyentes».

Si los cargos públicos vulneran esta ley o ignoran las peticiones de información, tendrán que enfrentarse a una serie de infracciones administrativas que podrán derivar en sanciones. Esta norma irá más allá, ya que habrá responsabilidades penales, como ya anunció el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, para todos aquellos responsables que pongan en riesgo la viabilidad económica de las administraciones.