Transparencia, un buen desinfectante

El aprovechamiento de la ley de acceso a la información para introducir el código de buen gobierno tendrá la virtualidad de asociar para siempre, en la mente de los ciudadanos españoles, transparencia a lucha contra la corrupción, una de las virtudes que se presupone a este tipo de legislación. Pero ha diluido también -de forma inevitable, dado el estado de excepcionalidad democrática en que nos había dejado esa malversación permanente e impune de fondos públicos- la significación histórica que la medida anunciada hoy tiene para la democracia constitucional española. Cuando la Ley de Transparencia entre en vigor, probablemente en el otoño, España habrá dejado de ser el patito feo europeo en la materia , y formará parte de los casi 90 países que tienen ya, en todo el mundo, legislación de este tipo.

El presidente del Gobierno prometió un proyecto de ley en cien días, y ha cumplido con su palabra. Un gesto que cabe resaltar, después de ocho años de incumplimiento de una promesa electoral similar por parte del PSOE, que incluía la aprobación de esta ley en su programa de 2004 y de 2008. La vicepresidenta primera del Gobierno quería correr para poder llegar con la ley debajo del brazo a la próxima reunión del Open Government Partnership , que se celebrará en Brasil en abril. En la cumbre de este foro de países defensores de la gobernanza abierta, online y transparente, se producirá el bautizo de la democracia española en la comunidad del acceso. Un proceso inspirado en la célebre frase del juez Louis D. Brandeis, quien en una sentencia del Tribunal Supremo de EE.UU. de 1916 afirmó que " la luz del sol es el mejor de los desinfectantes ”.

Durante años, la clase política española no quiso ni usar limpiacristales para dejar ver detrás de sus despachos y coches oficiales. Ya en octubre de 2008, los diarios El País y ABC solicitaron de forma conjunta al entonces presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, la adopción de una ley de transparencia en una reunión en Madrid de la Sociedad Interamericana de Prensa. Desde la sociedad civil, la Coalición Pro Acceso, formada por una veintena de ONGs y agrupaciones profesionales, mantuvo viva una reivindicación todavía minoritaria, a la que incluso la profesión periodística daba la espalda, celosa de perpetuar el ciclo de falsas exclusivas a cambio de filtraciones.

Fue el estallido social provocado por el movimiento del 15-M, que hizo suya la demanda de una ley de acceso, la que por fin logró pasar el desinfectante por las paredes del Congreso. Solo así, acorralada por una opinión pública cabreada y con un gobierno moribundo, los parlamentarios españoles de uno y otro signo -incluidos los que han liderado desde el nuevo gobierno la ley- se sumaron a la causa de la transparencia.

Por eso, el reto que se abre hoy es colectivo, y varias son las pruebas del algodón que cabrá ir haciendo con los años para verificar la eficacia del proyecto anunciado hoy. Por un lado, los contenidos concretos de la ley se conocerán el lunes, cuando empieza un loable proceso de consulta pública. La transparencia debe comenzar en el propio procedimiento legislativo que conduce a la adopción de una ley, una máxima traicionada por el anterior gobierno al filtrar en su día el anteproyecto elaborado al final de la legislatura socialista . Más allá del proceso, en relación al contenido verificaremos entonces que el derecho al acceso no se define como un derecho fundamental, como era la demanda de la sociedad civil. Y surgen muchas dudas de las capacidades y funciones de la Agencia de la Transparencia que velará por el cumplimiento efectivo de las obligaciones de transparencia.

Pero la medida del éxito habrá que buscarla, no ya en la literalidad de la ley, sino en el uso que de ella hagamos administrados y administradores. Los organismos públicos se enfrentan ahora al reto de reinventar sus sistemas de clasificación de la información para poder elaborar las bases de datos que deberán hacer públicas de forma periódica bajo los mandatos de “transparencia activa” que recoge, de forma correcta, el proyecto de ley. Desde el punto de vista de los usuarios, la transparencia es ante todo una cultura, una manera de entender nuestro papel en la sociedad y nuestra relación con los poderes públicos. Y seremos sujetos legítimos del derecho que ahora nace en la medida en que hagamos un uso activo y responsable de las prerrogativas que abarca. Para ello, algunos proyectos como el de tuderechoasaber.es o dondevanmisimpuestos.es son un buen lugar para comenzar a familiarizarse con los nuevos superpoderes que estrenamos hoy los españoles.