Desestimada la demanda de Teddy Bautista contra la SGAE por despido

La demanda de despido de Eduardo «Teddy» Bautista contra la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) ha sido desestimada por la magistrada Yolanda Urban Sánchez, titular del Juzgado de lo Social número 40 de Madrid. Dicho tribunal ha dictado sentencia en el día de hoy, 12 de marzo, desestimando la demanda por despido presentada por Bautista, como expresidente del Consejo de Dirección de la SGAE , contra esta institución, así como contra la Sociedad Digital de Autores y Editores (SDAE), Arteria Promociones Culturales S.L., la Fundación Autor, Portal Latino S.L. (actualmente Servicios Autorales S.L.) y el Centro para la Investigación de Mercado y la Cultura (CIMEC).

La magistrada ha estimado la excepción de incompetencia del orden jurisdiccional social, al entender que la relación entre la SGAE y Bautista era «puramente de naturaleza mercantil», por lo que absuelve a la parte demandada de sus pretensiones económicas, que ascendían a 1.400.000 euros.

Esto no significa que el exdirectivo renuncie a su reclamación de manera definitiva, sino que deberá hacerla por otras vías, algo que es de esperar que haga Bautista.

La SGAE, a través de la Comisión Rectora, ha mostrado desde que tuvo conocimiento de la demanda presentada por Eduardo Bautista su oposición a ella, confirmando que la extinción de su relación laboral con la entidad se produjo como consecuencia de la renuncia a sus cargos presentada el día 12 de julio de 2011 ante la Junta Directiva, que aceptó dicha renuncia.

Una renuncia que se produjo 11 días después de que fuera detenido por la Guardia Civil e imputado por el Juez Ruz en tres presuntos delitos -apropiación indebida, delito continuado de estafa de especial gravedad y administración fraudulenta- dentro de la investigación abierta por al Audiencia Nacional, bajo el nombre de Operación Saga.

Se da la circunstancia de que el Juzgado de lo Social número 40 ya desestimó el pasado 28 de febrero la reclamación formulada por José Luis Rodríguez Neri -principal imputado en dicha operación- contra la SGAE y la SDAE a las que reclamaba 1.200.000 euros por despido improcedente.