La Audiencia Nacional plantea ante la UE el derecho al olvido en la Red
Los jueces españoles preguntan al tribunal de Luxemburgo qué hacer ante las demandas de borrado de datos

El complejo problema del derecho al olvido en internet llega a un momento clave, tras años de territorios sin señalizar. La Audiencia Nacional resolvió ayer una reclamación planteada en noviembre de 2009 con una pregunta al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El auto pone la «patata caliente» en manos de la sala europea, que, si admite la cuestión, abrirá un debate al que podrán presentarse todas las partes interesadas, y cuya sentencia será de obligado cumplimiento en el ámbito comunitario.
M. C. G. estaba cansado de que su nombre apareciera en Google ligado a una información publicada en «La Vanguardia» sobre la subasta judicial de un inmueble. Decía que el embargo estaba solucionado y que ya no tenía ninguna relevancia. El periódico consideraba que no debía borrarla , porque la publicación se realizó por orden del Ministerio de Trabajo; Google España remitía la cuestión a su sede en Estados Unidos, ya que es allí donde se procesa la información; y la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), que acogió la petición de tutela del afectado, insistía en que los ciudadanos españoles deberían poder hacer valer sus derechos en España. La sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional plantea ahora sus dudas jurídicas al tribunal europeo.
Las nuevas tecnologías han cambiado para siempre conceptos como privacidad y el llamado derecho al olvido. Más de un centenar de personas han buscado en los últimos años la tutela de la AEPD, organismo que cree que deberíamos tener los mismos derechos en la vida física que en internet, y que «los buscadores de internet están sometidos a la legislación europea y española». También han nacido empresas especializadas en «recuperar el anonimato» virtual, como «salirdeinternet.com».
Un portavoz de Google aseguró ayer a ABC que apoyan «el derecho al olvido» y creen «que hay vías para que se pueda aplicar a intermediarios como los buscadores de manera que se proteja tanto la privacidad del usuario como la libertad de expresión».
La Comisión Europea presentó a finales de enero una propuesta para que los ciudadanos puedan solicitar a las compañías de internet que sus datos sean eliminados de forma inmediata y completa. Del desarrollo de esta directiva, de la posterior aplicación en cada país y de la hipotética sentencia del Tribunal de Justicia de la UE ante el auto de la Audiencia Nacional nacerá probablemente un paisaje algo más nítido que el actual, en el que los límites son tan difusos.
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