Mar de petróleo

Dejó dicho el ilustre paisano Juan Marichal que para que hubiera opiniones tenía que haber opinantes y en una democracia sana es imprescindible que los haya. Cosa distinta es convertir cualquier asunto en una confrontación, más con ánimo de descalificar al que piensa distinto que de sopesar, objetivamente, las ventajas e inconvenientes de lo que se discute, aspecto de especial relevancia cuando se tratan cuestiones económicas y sociales que pueden repercutir, positiva o negativamente, en calidad de vida.

La decisión del ministro Soria de levantar la prohibición para iniciar las prospecciones -en su día autorizadas y luego suspendidas por acuerdo de Zapatero con Rivero-, imprescindibles para saber con certeza si en Canarias estamos o no en un mar de petróleo, ha empezado a movilizar a políticos, expertos y opinantes sobre la conveniencia o no de hacerlas y mucho me temo que, como en otras ocasiones, la pasión y los intereses encontrados enturbien el debate.

Está científicamente probado que en Fuerteventura está localizado el vulcanismo más antiguo de Canarias y que la zona prospectiva de mayor interés para los intereses españoles y canarios está situada entre Fuerteventura y Lanzarote y la línea media con la costa de Marruecos, como establecen los acuerdos internacionales en asuntos mineros y de hidrocarburos. Marruecos tiene concedidos 8 permisos de exploración a una compañía australiana, Tangiers Petroleum Company, con un 75% para la compañía y el 25 % restante para OHNYM, organismo oficial marroquí que no paga costes de exploración. La extensión de los permisos, entre Tarfaya, Tan-Tan e Ifni cubre 15.000 km2 y abarca el doble de la superficie de las Islas Canarias, en aguas con profundidades inferiores a los 200 metros, es decir, en la plataforma continental. Por parte de España, los permisos concedidos son 9 y están situados paralelamente a los de Marruecos, si bien en el talud y en aguas profundas de la cuenca sedimentaria. O sea, que el punto de partida es equiparable, aunque con ventaja inicial para los marroquíes que pueden explorar con menores costes.

Lo que parece evidente es que los vecinos no van a cejar en su empeño de encontrar y explotar el oro negro que pueda existir, sin gastos para ellos, con lo que, en caso de encontrarlo, se quedarán con los beneficios que les correspondan y los canarios podríamos cargar, si no extreman su control, con hipotéticos perjuicios medioambientales. Y lo harán, de seguro, sin ningún debate previo. En nuestro caso, con una democracia de la que allí carecen, podemos caer en una paralizante discusión de competencias entre los Gobiernos central y autonómico y sobre galgos o podencos, alejándonos del meollo de la cuestión: saber si contamos o no con recursos para, en caso afirmativo, evaluar sus repercusiones, aunque sin perder de vista que no podemos renunciar a los posibles beneficios para aplicarlos al bienestar social y económico de los canarios.