Ayudas para crear empleo en Cádiz se desviaron a paraísos fiscales

Subvenciones millonarias destinadas a crear empleo dentro del Plan Bahía Competitiva, puesto en marcha por la Junta de Andalucía en 2007, se esfumaron en operaciones especulativas en la Bolsa o acabaron en sociedades afincadas en Luxemburgo, considerado un paraíso fiscal. Esta es una de las conclusiones que se desprenden de una investigación policial que sigue el rastro de casi 25 millones de euros, procedentes del Ministerio de Industria y de la Junta, que fueron a parar a un conglomerado de 50 sociedades vinculadas entre sí y creadas entre 2008 y 2011 con la única finalidad de captar las subvenciones a través de proyectos fantasma. Para acreditar su solvencia, presentaron certificados bancarios y facturas falsas. Fue en la Diputación de Cádiz, gobernada por el socialista Francisco González Cabaña hasta mayo, donde «se ha producido el mayor fraude por cuanto desde aquí han partido las evaluaciones» que tenían en cuenta Industria para dar las ayudas, asegura la Policía. Cabaña negó ayer las irregularidades. El Plan Bahía Competitiva era un proyecto impulsado por el Gobierno de Manuel Chaves para frenar el declive de esta comarca gaditana tras el cierre de la multinacional Delphi en 2007.

Las empresas investigadas por los delitos de fraude con subvenciones públicas, falsedad documental, estafa y blanqueo de capitales están vinculadas al gallego Alejandro Manuel Davila Ouviña y a las familias Arespacochaga y Retolaza Gaviña.

La Policía, que inició en junio una investigación a instancias de la Fiscalía de Sevilla, involucra en la trama también a gestores y comisionistas, funcionarios y altos cargos como el exgerente del plan, Antonio Perales, considerado pieza decisiva en la tramitación de ayudas fraudulentas.

El informe final de las diligencias realizado por la Unidad contra la Delincuencia y el Crimen Organizado (Udyco) de la Policía, al que ha tenido acceso ABC, acredita «la existencia de un fraude por medio de creación de sociedades con la única finalidad de solicitar subvenciones fraudulentas». Tras seguir la pista a las cuentas bancarias, constata «un enriquecimiento ilícito por importe de 21,1 millones de euros», que coincide con las subvenciones que pagó el Ministerio de Industria a cinco sociedades. A esta riada de fondos públicos hay que sumarle 3,64 millones aprobados por la Junta. Desde la Udyco destacan que «muchas de estas operaciones han consistido en el ingreso de estas cantidades millonarias en fondos de inversión, seguidos de su retirada y reingreso repitiéndose el proceso varias veces». «Con esto parecen haberse generado unos beneficios», añade.

Otros fondos acabaron en un paraíso fiscal. Según la Udyco, «se han realizado unos aparentes pagos a sociedades extranjeras, como el caso de Kelos Investments Sarl, de nacionalidad luxemburguesa, en concepto de obras de edificación». La sociedad era puro humo. Algunas de las empresas están vinculadas a «un conjunto de socios de dudosa reputación por tratarse de sociedades residentes en Luxemburgo».