El PP pide que se revise el contrato de Sebastián al creer que es «ilegal»

Los populares quieren que la Abogacía del Estado revise el contrato que el ex ministro de Industria , Miguel Sebastián, adjudicó a dedo a la empresa en la que trabaja el ex abogado jefe de este departamento. Lo piden porque creen que en el procedimiento seguido se puede haber cometido alguna ilegalidad, después de conocer por ABC los documentos que desvelan cómo se adjudicó el contrato .

La primera alerta la ha lanzado la senadora Rosa Vindel, al admitir que «tengo mis sospechas fundadas de que el contrato puede ser ilegal». Vindel ha seguido en el Senado la polémica originada por los cambios en la legislación del sector de las fotovoltaicas, ámbito de actuación de la empresa contratada. Ante las dudas generadas, cree indispensable la opinión de los Servicios Jurídicos del Estado, ya que cuestiona que «adjudicar un contrato de cuatro millones de euros, sin publicidad, sea legal» . Por ello, les insta a que «empiecen a buscar la posible ilegalidad».

Una vez que la Abogacía del Estado se pronuncie, dejan en sus manos la decisión de revisar los criterios de adjudicación y si es conveniente proceder a su anulación. La senadora sostiene que no se puede adjudicar por el procedimiento de urgencia y sin publicidad un contrato de más de 1,5 millones de euros. «Yo tengo la íntima convicción de que no es muy legal». Vindel subraya que «hay que ser muy escrupuloso» a la hora de adjudicar este tipo de contratos porque «las formas son fundamentales» y llegó a calificar de «asunto enmarañado» la contratación.

Una de las principales preocupaciones de la senadora es que el Gobierno español tenga que enfrentarse «a la irresponsabilidad del ministro Sebastián» , al tener que hacer frente a los 400 millones de euros, si finalmente pierde la demanda que le han presentado quince fondos extranjeros ante el Tribunal de Arbitraje de Londres. «Si se quiere restaurar el prestigio de España hay que revisar la forma de adjudicación», insistió Rosa Vindel.

La opinión del ministro de Industria, José Manuel Soria, ante este contrato difiere mucho de lo que sostiene su propio partido. Soria esgrimió un informe jurídico de su departamento para afirmar, en declaraciones a la Cope, que el procedimiento de adjudicación ha sido «claro y transparente. Según el criterio de la Subsecretaría y de mi propio criterio, es un contrato sobre el que no hay nada que decir». Soria desveló que había solicitado ese informe que «para mí ha sido suficiente». No piensan lo mismo otras fuentes del PP, consultadas por ABC, que tachan la adjudicación de «escandalosa».