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El Gobierno en funciones cuela «in extremis» 5,6 millones para la Memoria Histórica

También se emplearan en la recopilación de datos relacionados con el conflicto, según publica el BOE

El Gobierno en funciones cuela «in extremis» 5,6 millones para la Memoria Histórica ARCHIVO ABC

ESTEBAN VILLAREJO

El Gobierno en funciones publicó ayer en el Boletín Oficial del Estado subvenciones por importe de 5,6 millones de euros para 190 proyectos relacionados con la «Ley de Memoria Histórica», una de las banderas y seña de identidad del presidente José Luis Rodríguez Zapatero durante los 7 años y 8 meses que ha estado en el cargo.

En su apartado de «Otras disposiciones», el Ministerio de la Presidencia publicó en el BOE quince folios donde se constata la relación de los proyectos subvencionados, todos a ejecutar en 2012, bajo la Presidencia de Mariano Rajoy.

«Entidad: Fundación de Estudios Socialistas Federico Engels. Proyecto: Testimonios de la guerra civil y la revolución. Los protagonistas. Plazo de ejecución: marzo 2012 . Cantidad definitiva: 27.600,00» euros, es uno de los ejemplos de este paquete de subvenciones resuelto el jueves por la Subsecretaría de la Presidencia y que el día 16 —cuatro días antes de las elecciones generales— recibió el visto bueno de la Comisión de Evaluación de los proyectos.

Desde el PP se asegura que «ni en la comisión de traspasos se ha tratado este asunto ni el PP ha sido informado sobre esta resolución y posterior publicación en el BOE». Precisamente uno de los principales temores del PP durante el traspaso de poderes es que el Gobierno en funciones siga comprometiendo gastos que tendrán que asumir ellos cuando tengan que gobernar.

Las fuentes populares aseguran que, por la cuantía y atendiendo a la legislación de subvenciones, no hay infracción alguna en esta publicación, «pero lo lógico es que se parasen debido a la política de recortes existente en otros ámbitos».

De la cantidad aprobada, 2,2 millones corresponden a 52 actividades de «indagación, localización y exhumación de fosas», según informó en un comunicado el Ministerio de Presidencia. En este sentido, Joan Huguet, ex senador y ex portavoz del PP en la Comisión Constitucional del Senado, argumenta que «el PP no ha estado nunca en contra de que familiares de ambos bandos puedan dar digna sepultura a sus fallecidos, sino que hemos denunciado y nos hemos opuesto al sectarismo y perversión que desde el Gobierno se ha realizado con esta ley para hurgar en la herida y dividir a la ciudadanía ».

UGT, CC.OO., Pablo Iglesias...

Huguet presentó a principios de año un informe en el que daba cuenta de que, desde la aprobación de la Ley en diciembre de 2007, sólo el 30 por ciento de las subvenciones ha tenido como finalidad la exhumación de cadáveres. «Ha beneficiado, principalmente, a entidades vinculadas a la izquierda, como el propio Partido Socialista, el Partido Comunista, fundaciones afines y a sindicatos como UGT, CC.OO. o CGT». Además, el ex senador del PP denunciaba la creación de ONG y fundaciones «ad hoc» para recibir las ayudas. El sindicato UGT ha recibido al menos 250.00 euros desde que se comenzaran a subvencionar estos proyectos en 2006.

Este argumento también era compartido por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, que ha denunciado en alguna ocasión que la mayor parte del dinero se destinaba a programas de índole cultural –documentales, exposiciones, libros o conferencias que bien podrían ser sufragados por el Ministerio de Cultura.

Por ejemplo, la Fundación Pablo Iglesias y la Fundación Ideas para el Progreso que preside el ex ministro Jesús Caldera recibieron ayer 40.000 euros cada una para la «identificación y recuperación de la memoria de los órganos de dirección de las organizaciones socialistas a los largo del primer franquismo (1939-1955)».

El Gobierno sacó ayer pecho de estas últimas subvenciones «destinadas a actividades relacionadas con las víctimas de la Guerra Civil y del franquismo» y argumentó que la convocatoria de 2011 tenía como novedad que las universidades podían presentar hasta dos proyectos, siempre que uno de ellos estuviera relacionado con archivos: «De este modo, se favorece la investigación en una materia que es de especial interés para los ciudadanos y en concreto para aquellos que desean recuperar la información que los distintos archivos guardan sobre sí mismos o sus familiares».

Hay proyectos como «Arqueología y memoria de la aviación republicana (1938-1939)», de la Universidad de Barcelona, que han recibido 29.200 euros o «El impacto de la guerra civil española en Argentina, Chile y Perú», de la Universidad Complutense de Madrid, subvencionado con 28.275 euros.

El Ministerio de Presidencia hizo también su particular balance de esta Ley que lejos de sufrir recortes se ha visto consolidada. Si en 2008, año que comenzó a ser patente la crisis en España, los proyectos relacionados con esta ley recibieron una subvención de 3,3 millones, este año han recibido un 70 por ciento más.

«Desde 2006, año desde el que se vienen concediendo subvenciones para proyectos relacionados con la memoria histórica, se han concedido un total de 25,1 millones de euros, de los que 8,1 millones corresponden a proyectos de fosas. Le siguen las actividades relacionadas con testimonios orales y/o escritos (3,3 millones), archivos y censos (2,9 millones) y documentales (2 millones)», explica el Ministerio de Presidencia.

El Valle de los Caídos

El mayor número de entidades subvencionadas en estos años procede de las comunidades autónomas de Madrid (212 proyectos), Castilla y León (124), Cataluña (118), Comunidad Valenciana (65) y Andalucía (62). De los 1.367 proyectos presentados desde 2006 se han subvencionado 832, es decir, un 61% del total.

Con las puertas de salida de La Moncloa abiertas, el presidente Zapatero —cuyo abuelo, el capitán Juan Rodríguez Lozano, fue ejecutado en 1936 por los sublevados— ha dado así un último guiño a su ley fetiche. Aquella ley que devolvió al primer plano de la agenda política las heridas de la Guerra Civil española. Aquella que guardó las estatuas de Franco, cambió nombres de calles y debía buscar una «solución» al Valle de los Caídos. Una ley para la que no ha habido crisis.

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