Muere el general Bussi, brazo ejecutor de la represión argentina

Antonio Domingo Bussi ha muerto a los 85 años. Su nombre era sinónimo de miedo en la Argentina de los 70. La provincia de Tucumán, el vergel del país, se tiñó de rojo con la lucha armada de la guerrilla y el Ejército del que formó parte. General, brazo ejecutor de prisioneros con su propia arma, Bussi tuvo el dudoso honor de ser pionero del plan sistemático de desaparición de personas que caracterizó a la última dictadura argentina (1976-83).

El viejo general, privado de sus galones, murió en la cama rodeado de su familia. Permanecía ingresado en el Instituto de Cardiología de Tucumán desde el lunes. En este hospital no entró ni saldrá por su propio pie. A Bussi, hombre de ojos azules y pasado negro, le fallaban desde hace tiempo los pulmones y el corazón, esa máquina de precisión que, en su caso, parecía de acero.

Defendió hasta el final que Argentina libró una guerra y, en cierto modo, en lo que a Tucumán respecta, no andaba demasiado desencaminado. Pero, como decían sus víctimas, «hasta en la guerra hay leyes». No para él que ejerció el terrorismo de Estado con devoción y por convicción. El «Operativo Independencia», decreto de Isabel Martínez de Perón, fue su coartada para «aniquilar» a otros argentinos.

Su eficacia en la misión convirtió a Tucumán en la única provincia que precisó de un informe exclusivo sobre desaparición de personas. Amo y señor en esa tierra que no era la suya, nació en Entre Ríos, desterró a un grupo de mendigos a los que, en vehículos oficiales, ordenó abandonar en un paramo de la provincia vecina de Catamarca. Fue la única ocasión en la que reconoció “un exceso de celo” de sus subordinados.

Terror en la dictadura, Bussi, en rigor, tuvo miles de seguidores fieles en democracia. Ganó ocho elecciones a distintos cargos.Fue electo gobernador y ejerció como tal entre 1995 y 1999. Tomo el testigo de su antecesor, el excantante Ramón «Palito» Ortega.

La última década calentó el banquillo de los acusados tras la anulación de las denominadas leyes del perdón que, entre otros efectos, habían dejado impunes los crímenes no denunciados en un plazo determinado de tiempo. Nunca se arrepintió de sus delitos. Electo diputado no pudo tomar posesión de su escaño al descubrirse una cuenta cifrada en Suiza. En este caso, la justicia le daría la razón y reconocería su derecho a estar en el Congreso. Ya era demasiado tarde y su salud, no se lo permitió.