Catorce fondos extranjeros denuncian a España por el recorte a las fotovoltaicas

Catorce fondos de inversión extranjeros han presentado una demanda para iniciar un procedimiento de arbitraje contra España por el recorte de las primas a la fotovoltaicas aprobado en diciembre del año pasado. En un comunicado, estas sociedades aseguran que la medida fue «ilegal», en función de lo que determina el tratado internacional sobre la Carta de la Energía, y que tuvo efectos «retroactivos». Mediante este mecanismo, los fondos reclamarán «cientos de millones de euros» por la decisión del Ejecutivo de limitar la producción con derecho a prima en las plantas que ya se encontraban en funcionamiento.

La mayor parte de los demandantes, representados por el despacho británico Allen & Overy, están constituidos por inversores institucionales y sociedades energéticas cuya inversión aproximada de 2.000 millones de euros procede de fondos de pensiones y ahorradores particulares . En total, son propietarios de plantas que suman 270 megavatios de capacidad instalada. «La decisión de España de cambiar de forma injusta el marco jurídico aplicable a las instalaciones solares fotovoltaicas constituye una violación del tratado sobre la Carta de la Energía que da derecho a nuestros clientes a ser restituidos o indemnizados», señala Stephen Jagusch, socio director del bufete, quien acusa al Ejecutivo de «incumplir su trato» una vez que «obtuvo los beneficios de estas inversiones».

La firma asegura que trató de negociar una «solución amistosa» los pasados meses de marzo y junio. Ante los consecutivos rechazos por parte del Ejecutivo, que se negó a modificar la legislación, los inversores se dieron por vencidos. «Nuestros clientes querían evitar emprender acciones legales, pero el actual gobierno no les ha dejado otra opción. Ahora esperan que un nuevo gobierno que se forme tras las elecciones del próximo fin de semana restablezca su confianza en España».

Entre los litigantes se encuentran sociedades como AES Solar, Ampere Equity Fund, HgCapital, Element Power, Impax Asset Management, KGAL GmbH & Co KG, NIBC European Infrastructure Fund, Whiteowl Capital, Eoxis, MPC Capital y MEIF Luxembourg Renewables. Pese al pleito, estas organizaciones recuerdan que «están fuertemente comprometidas» a seguir invirtiendo en España, «siempre y cuando se les devuelva la confianza con respecto a sus inversiones».