DIEZ PROYECTILES PARA CINCO RAMPAS DE LANZAMIENTO

ES, evidentemente muy seria la situación económica española. Una pésima política económica, iniciada en el año 2004, nos ha situado, como se señala más de una vez, al borde del abismo de una larga crisis económica. Pero he aquí que en ese mismo borde existen cinco rampas de lanzamiento para nuestra economía que deben ponerse en acción de inmediato.

En primer lugar, a causa del enlace por el Mediterráneo de unas economías crecientes del Pacífico y del Índico con la Europa más rica, ha cambiado la renta de situación de España, porque esa corriente de tráfico, nueva en la historia del mundo, nos rodea y con ello nos trae ventajas que jamás tuvimos desde el inicio de la Revolución Industrial.

La segunda rampa es nuestra clase empresarial. Se ha transformado positivamente en el último cuarto de siglo. La tercera procede de las economías externas que se derivan de nuestros enlaces con Iberoamérica, y que más de una potencia económica contempla con envidia. No se puede dejar de tener en cuenta la cuarta: que la economía de la Europa del Norte tiende a caminar hacia el Mediterráneo, como hizo la del Este norteamericano hacia California. Y he aquí que España presenta unos índices de percepción de la corrupción y de distribución personal de la renta mejores que cualquier otro país de esta región, desde Portugal a Grecia y Turquía, incluida Italia. ¿Para qué hablar del resto de los países de las orillas africana y asiática en este sentido?

Y en quinto lugar tenemos una economía muy abierta, gracias a nuestra participación no sólo en la Unión Europea, sino además en la Zona del Euro, todo lo cual facilita tanto la financiación como las transacciones.

Al nuevo Gobierno corresponderá activar estas cinco rampas de lanzamiento, eliminando los obstáculos que, a lo largo de los últimos ocho años, las han prácticamente reducido a la nada; y de este modo generando un riesgo notable de hacernos caer en el precipicio muy claro de una depresión ilimitada. Pero para lograr esta superación lo primero es, de modo nítido y urgente, aclarar a los españoles la herencia que reciben al final del año 2011. Sólo así podrán respaldar el esfuerzo, obligado, que se plantea a continuación.

La primera de las medidas concretas a poner en acción consiste en alterar de arriba a abajo nuestra política energética. Hemos creado, en índices de eficacia, en dependencia exterior, en opciones por energías caras al haber abandonado la nuclear, un país que pierde competitividad a chorros por ese motivo.

La segunda es superar la rigidez del mercado laboral, especialmente mostrado en los aspectos concretos de la negociación colectiva, y en otra serie de características, que fueron consolidadas con las medidas legales de 1980 y 1985. Como consecuencia, nuestro NAIRU —la tasa de desempleo que no engendra inflación, y con ello, que disminuye la competencia exterior— se sitúa en el 12% de desempleo; y la curva de Okun muestra que sólo a partir de un crecimiento del PIB en torno al 2'5% se crea empleo.

La tercera, y muy especialmente tras Basilea III, evidencia que es preciso culminar una reforma de nuestro sistema crediticio, en todo él, pero con especial incidencia en las Cajas de Ahorros. La tarea emprendida ya, no puede abandonarse, y asombra que el Banco de España no hubiese obligado a iniciarla mucho antes.

La cuarta es alterar de arriba a abajo el Estado de Bienestar. No es posible que la financiación de las pensiones prosiga basándose en un sistema de reparto; añádase que la división entre las diecisiete autonomías del sistema de atención sanitaria, previamente unificado desde Girón a Lluch y Sabando, tiene que cesar; que en las atenciones a los parados, lo que nos ha señalado, incluso en España, por el Premio Nobel de Economía, Pissarides, que lo consignó, precisamente al exponer cómo pueden ser eficientes esas atenciones a los desempleados, tiene que ser puesto de relieve; finalmente que la amenaza muy seria, de lo que Macarrón llama y no exagera, «el suicidio demográfico de España», exige reconsiderar la ayuda familiar.

La quinta se relaciona con el problema institucional. Lo denunció con agudeza Carlos Sebastián, y por ignorarlo, no se adivinan las precisas reformas institucionales que son aquellas «que generan eficacia, transparencia e independencia en la regulación económica». Vemos por eso que en la reciente «Clasificación en facilidad para emprender negocios» que publica el Banco Mundial en el documento «Doing Business 2010», España se encuentra en el puesto mundial 62, un poco peor que Kuwait y un poco mejor que Kazakstán.

La sexta obliga a una «reforma de la reforma tributaria», aquella que apareció en 1978, y tuvo entonces un papel esencial y positivo, pero que veintidós años después necesita cambios muy importantes. ¿Para cuándo, por ejemplo, la creación de una Comisión Lagares para llevar adelante, con urgencia, las alteraciones oportunas? Señalo esto, porque las propuestas del profesor Manuel Lagares siempre han sido, no ya lógicas desde el punto de vista analítico, sino contrastadas de modo óptimo con la realidad cuando se pusieron en acción.

La séptima exige cortar, de raíz, las políticas de las autonomías de intervención en la actividad económica, cada una de un modo. Por ello, acaban por romper un mercado unificado. Me parece, sin ser experto en derecho público, que incluso habría posibilidad de apoyo constitucional, debido al texto del artículo 131 de nuestra Ley Fundamental de 1978. Sustitúyase «planificación económica» término entonces de moda por política económica—, que es análoga, y léase su apartado 1.: «El Estado, por ley, podrá planificar la actividad económica general para atender a las necesidades colectivas, equilibrar y armonizar el desarrollo regional y sectorial y estimular el crecimiento de la renta y de la riqueza y su más justa distribución». Y si se lee su apartado 2, aún queda muy claro, con el añadido de que el Consejo que se tiene que desarrollar esto por ley no es el actual Consejo Económico y Social.

La octava nos impulsa a volver a la economía de mercado, liquidando de raíz la proliferación de empresas públicas que han surgido en las Autonomías: suben de 588 en 2003 a 962 en 2009, y en las Corporaciones locales: entre las mismas fechas aumentan de 913 a 1.573.

La novena consiste en alterar radicalmente el sistema educativo, para que proporcione una población activa congruente con la fortísima dinámica de la Revolución Industrial. Si no queremos ser descabalgados definitivamente de ella es obligado alterar muy radicalmente lo que está en marcha ahora mismo, desde la primaria a la universitaria, pasando por la formación profesional.

Y la décima, exigir que las infraestructuras sean lo más rentables posibles, y ello obliga a pensar en las ventajas que pueden derivarse, sobre todo para el área mediterránea, del cambio de la renta de situación de España, al encontrarse rodeada, repito una vez más, por el tráfico que une los crecientes mercados del Pacífico y el Índico con la Unión Europea. En principio, surgen unos nuevos nudos de transporte ferroviario y marítimo en buena parte nuevos.

Hay que confesar que no será cómodo para ningún político español poner en marcha todo esto, y además es preciso que sea de modo prácticamente simultáneo. Pero nuestros dirigentes deben tener en cuenta aquello que Platón, en «La República» (Libro primero, XIX), pone en boca de Sócrates en diálogo con Glaucón y Trasímaco: «El verdadero gobernante no ejerce en el cargo para mirar por su propio bien, sino por el del gobernado».

JUAN VELARDE FUERTES ES DE LA REAL ACADEMIA DE CIENCIAS MORALES Y POLÍTICAS