El Gobierno rectifica ante el 20-N y aprueba el fondo para inmigrantes
El Ministerio de Trabajo negó las ayudas hace dos meses y medio
El Gobierno, que durante las dos últimas legislaturas había hecho gala de sus políticas sociales y aprobó la única regularización masiva de extranjeros en la historia de España, decidió el pasado mes de julio aplicar un «tijeretazo» sin precedentes a las ayudas en materia de integración de inmigrantes a la Comunidad Valenciana, que se quedó sin un euro de subvención a pesar de tratarse de la segunda autonomía con mayor porcentaje de habitantes foráneos, sólo superada por Madrid. En la Comunidad Valenciana viven cerca de un millón de personas de origen extranjero, de las cuales más de medio millón son extracomunitarios.
Tras las reiteradas críticas del conseller de Justicia y Bienestar Social, Jorge Cabré, quien denunció en sede parlamentaria que la actitud del Gobierno ponía «en peligro los servicios de acogida a inmigrantes», el Ejecutivo ha optado por dar marcha atrás —cuando apenas resta un mes y medio para la celebración de las elecciones generales— y ahora sí trasladará fondos a la Generalitat. En concreto, 7,3 millones de euros. Una partida que queda lejos de los veintitrés que se percibieron en 2009 pero que el Ejecutivo autonómico da por buena porque, en el caso contrario, se habrían podido producir situaciones de tensión social derivadas de la ausencia de fondos.
Reglamento de Extranjería
La Generalitat aporta 1.500 euros de media a la integración de cada inmigrante que reside en la Comunidad. Una cantidad que se destina a la financiación de las plazas de acogida y a inyectar dinero a doscientos ayuntamientos para sufragar iniciativas destinadas a este colectivo. Además, el coste para las arcas de la Generalitat se incrementará con la entrada en vigor del nuevo reglamento de Extranjería, que prevé nuevas competencias para las autonomías, entre ellas la de elaborar 60.000 informes anuales sobre el grado de integración de los extranjeros que aspiren a renovar su permiso de nacionalidad, residencia o arraigo.
Pese a ello, hasta la pasada semana la aportación del Gobierno se había reducido a cero euros. La presión política ejercida por la Generalitat y la cercanía de la cita con las urnas, que coincide con la recuperación del discurso del PSOE respecto a su apuesta por las políticas sociales —extendido a las pensiones y los salarios de los funcionarios— han propiciado un giro de 180 grados en tiempo récord.
Informes de Hacienda
Los hechos que marcan el cambio de parecer del Gobierno se remontan al 12 de julio. Una carta firmada por la directora general de Integración de los Inmigrantes, Estrella Rodríguez Pardo, comunicaba a la Conselleria de Justicia y Bienestar Social que «quedaba paralizado» el convenio de colaboración —que data de 2005— en virtud del cual el Ministerio de Trabajo financia actuaciones para la acogida, integración y refuerzo educativo de las personas inmigrantes.
La misiva se hacía eco de un informe «desfavorable» del Ministerio de Hacienda, según el cual la Comunidad no había cumplido con los requisitos de estabilidad presupuestaria para los ejercicios 2009, 2010 ó 2011.
Frente a esta resolución, otras autonomías como Madrid, Ceuta, Melilla, Galicia, Extremadura y País Vasco sí que recibieron el plácet para percibir las ayudas.
La Generalitat comenzó a intensificar las gestiones con el Ministerio y a denunciar públicamente el «agravio» que suponía esta situación hasta el punto de que el pasado viernes entró por el registro de entrada una nueva misiva de la Dirección General de Integración de los Inmigrantes, con fecha de 29 de septiembre. Los dos primeros párrafos reproducen literalmente los de la carta remitida en julio.
En este caso, sin embargo, la misiva se hace eco de un informe del Ministerio de Economía con resultado «favorable», cuando apenas habían transcurrido poco más de dos meses desde la resolución anterior.
Para la Generalitat, el cambio de opinión del Gobierno solo puede responder a dos situaciones que, en ambos casos, resultan lesivas para los intereses del PSOE. De un lado, apuntan las fuentes, el viraje en los criterios del Gobierno puede responder a un interés electoralista al tratarse de una problemática especialmente sensible. De otro, el informe favorable emitido por el Ministerio de Economía supondría dar por buenas las políticas del Consell en materia de Hacienda. Pese a la rectificación, el descenso de la aportación de fondos del Gobierno no responde al incremento de la población extranjera en la Comunidad Valenciana. Así, se ha pasado de los 23,15 millones del año 2007 a los poco más de 7,27 que prevé el convenio para el actual ejercicio.
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