LA LEY ES LA LEY

Si afirmas que la ley está para cumplirse y exiges que así se haga cuando te refieres a violadores, traficantes de drogas o atracadores de joyerías, eres un ciudadano ejemplar. Si aplicas el mismo criterio en el caso de nacionalistas radicales que quieren que la Ley no se aplique cuando con ello se ponen en peligro sus planes secesionistas, te llaman facha. Lo políticamente correcto en demasiados lugares de España es ignorar las sentencias de los tribunales, pero solo unas pocas: las que directamente atañen a la marcha del llamado «proceso de paz» del País Vasco o a la peor aún llamada «normalización linguística» de Cataluña.

Políticos supuestamente demócratas como el lehendakari muestran su «frustración» porque la Audiencia Nacional haya condenado a Otegui a diez años por pretender relanzar a Batasuna siguiendo órdenes de ETA cuando, aventura, «se está cerrando el ciclo» de los terroristas. Otros socialistas y nacionalistas se quejan de esa intromisión de los jueces en el supuesto proceso de paz y se preocupan porque este pueda deteriorarse. Con perdón: ¿por qué debemos a Otegui unos miramientos que negamos a un estafador que ha dejado de apropiarse de lo ajeno porque en esta época de crisis ya nadie le confía su dinero?

Para quien se salta la Ley, nunca es bueno el momento en que la Justicia se pronuncia en su contra. A la Generalitat catalana le ha tardado años en llegar la sentencia que exige educar a niños y jóvenes tanto en castellano como en catalán. Y no es por «tocar las narices», aunque lo diga Artur Mas, sino porque la Ley es la Ley, una de las normas esenciales en cualquier democracia consiste en que los gobiernos tienen que acatarla, el propio Mas así prometió públicamente hacerlo cuando tomó posesión y si el momento le viene mal, se siente: haber aceptado antes lo que tarde o temprano tendrá que ocurrir.