100 policías para un desahucio
Un gran despliegue de agentes logra ejecutar a la tercera un desalojo en Carabanchel
Lo habían intentado sin éxito hasta en dos ocasiones y ayer lo consiguieron. Los «indignados» fueron poco madrugadores en esta ocasión y la Policía les ganó la partida. A las 5.45 horas doce furgonetas de la Policía Nacional y de la Municipal se acercaron hasta las puertas de la casa de Mari Carmen y de su hijo de 16 años para ejecutar el desahucio. Se trata de una vivienda social situada en el número 3 de la calle Cuevas de Altamira cerca del metro de La Peseta.
A las ocho de la mañana, cuando unos cincuenta indignados convocados por la asamblea de Carabanchel hicieron acto de presencia, un centenar de agentes ya habían acordonado la zona e, incluso, la sobrevolaban con un helicóptero. Perplejos ante el derroche de medios, sólo les quedó observar desde lejos como ejecutaban el desahucio. Varios de los presentes expresaron su rabia por no haber sido suficientes personas para aplazar el desalojo nuevamente .
A las diez de la mañana la comisión judicial entró en la vivienda para notificar el desalojo a la afectada. Mientras tanto, unos mozos de una empresa de mudanzas —contratada por el Ivima— llenaron un camión con todos los muebles y los enseres personales de la familia, que permanecerán guardados durante un mes hasta que consigan un nuevo domicilio . Con este caso, ya son dos los desahucios en Madrid que los indignados no han conseguido detener.
Según los portavoces de la asociación de afectados por la hipoteca, esta mujer «ha sido víctima de violencia de género y tiene graves problemas de salud» . Los motivos de su desalojo se deben a una deuda de 1.300 euros correspondiente 19 recibos desde 2010. Sin embargo, afirmaron que ya está liquidada. Por su parte el Ivima aseguró que el pago de esta deuda se realizó fuera de plazo.
Muy conflictiva
Un portavoz del Ivima quiso destacar que como organismo no tienen competencia para desahuciar a nadie. «Es un juzgado quién decide», afirmó. Además indicó que en otros casos se admite el pago atrasado pero no en esta ocasión, ya que la vecina generaba una «alta conflictividad» en el edificio.
«Esta inquilina ha provocado multitud de intervenciones policiales y tiene sentencias condenatorias por amenazas e intimidación de alguno de sus vecinos» informó dicho portavoz. «Generaba temor en la comunidad y acumulaba varias denuncias de los vecinos por el mal trato al que les sometía», dijo en nombre del Ivima. También señaló que ahora serán los servicios sociales del Ayuntamiento de Madrid los que presten asistencia a la familia.
Mari Carmen dijo el viernes pasado —cuando se trató de ejecutar por segunda vez el desahucio— que se quedó «perpleja cuando, al acudir al juzgado para preguntar por qué no le pasaban los recibos, se enteró de que iba a ser desahuciada». «Ni el procurador, ni el juzgado, me notificaron la orden de desalojo», concluyó.
Además manifestó su agradecimiento al Ivima por haberla ayudado durante estos tres años después de haber sido «maltratada por su marido». Del mismo modo reclamó poder quedarse en el piso o que le dieran «una alternativa justa». Algo que no ha logrado.
Al término del desahucio los convocados leyeron, como es habitual, un manifiesto de apoyo a Mari Carmen que en todo momento estuvo acompañada por un indignado durante el desalojo. Entre sus proclamas dijeron que consideraban que se había cometido «una práctica abusiva» por parte del Ivima. Asimismo recordaron que en Madrid se producen una media de 28 desahucios al día.
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