Los farmacéuticos y los fabricantes se oponen a las recetas sin marca

El Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos y Farmaindustria, la patronal de los fabricantes de medicamentos, han coincidido hoy en arremeter contra las medidas de ahorro aprobadas ayer por el Consejo Interterritorial de Salud , entre ellas obligar a los médicos a recetar medicamentos por principio activo y no por marca comercial, así como una reducción en precios de referencia.

Para los colegios de farmacéuticos, estas medidas «impactan de nuevo sobre el sector del medicamento, y en particular, sobre la totalidad de las farmacias, que ya acumulan 16 medidas de recorte en los últimos diez años». En este sentido, echa de menos que el Consejo Interterritorial no haya adoptado medidas en «las partidas verdaderamente ineficientes» del Sistema Nacional de Salud (SNS) y destaca que «vuelva a incidir en la partida más controlada y transparente, la del gasto ambulatorio del medicamento, que representa un 20% del gasto sanitario total».

«Es imprescindible que el próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera dote a la Sanidad de los recursos económicos que realmente necesita, y habilite que los recortes que se están produciendo sobre el medicamento reviertan sobre el sector afectado», aseguran los farmacéuticos.

No obstante, valoran que el Consejo Interterritorial «haya sido sensible a establecer sistemas de compensación a las farmacias pequeñas en núcleos de población de menos de 1.500 habitantes, en línea con lo que el Consejo General viene solicitando desde el año 2009».

El servicio asistencial que prestan las farmacias, advierte el Consejo General, «peligra por la demora en el pago de algunas Comunidades Autónomas, inasumible para la economía de la farmacia, por lo que se debe asegurar dicho pago a los farmacéuticos, al igual que al resto de los profesionales sanitarios del SNS, solo así podrán garantizar la disponibilidad de los medicamentos».

«Las 21.364 farmacias -añade- necesitan un escenario certidumbre que les permita proporcionar los actuales y nuevos servicios asistenciales, así como mantener los 80.000 puestos directos de trabajo, que constituyen un empleo estable, cualificado y mayoritariamente femenino».

Farmaindustria, por su parte, asegura que las medidas adoptadas en el Consejo Interterritorial de Salud son un «error» que traerá «graves consecuencias» y pérdidas para el sector, al tiempo que afecta a la actividad profesional y perjudica a los pacientes, informa Ep. «Nos lo están poniendo muy difícil», ha asegurado el director general de Farmaindustria, Humberto Arnés, acusando al Ministerio de Sanidad y a las comunidades autónomas de no haber afrontado la deuda que mantienen éstas últimas con los laboratorios, que asciende a 5.400 millones de euros. «No sólo no nos pagan, sino que ahora nos bajan los precios y nos ponen nuevas restricciones», ha sentenciado.