La juez del «EREgate» acusa a Griñán de ser conocedor de las irregularidades

Nuevo auto de la juez que investiga los ERE fraudulentos en la Junta de Andalucía, Mercedes Alaya. Y nuevo varapalo al Ejecutivo andaluz, a cuyo presidente, José Antonio Griñán, apunta directamente como conocedor del procedimiento inadecuado que usaba la Consejería de Empleo para esas ayudas. Ayer la pelota estaba en el tejado de la magistrada después de que la Junta de Andalucía la apremiara para que le devolviera la custodia de las actas de los consejos de gobierno. Y la magistrada, más que devolverla, chutó a portería apuntando al presidente andaluz.

Así, Alaya se despachó con dos escritos. El primero, un contundente auto en el que, además de elevar el conflicto de las actas al Tribunal Supremo, cierra el cerco de responsabilidades. Dice textualmente que «la Intervención General, desde los informes de cuentas anuales y de cumplimiento correspondiente a los ejercicios 2002 y siguientes, ha puesto de manifiesto de forma reiterada y explícita, tanto al consejero de Economía, hoy presidente de la Junta de Andalucía, a IDEA y al consejero de Innovación, Ciencia y Empresa, a la cual pertenece la anterior, que con la utilización de esta figura se ha estado prescindiendo total y absolutamente del procedimiento administrativo adecuado que es el de la subvención excepcional». Eso supone apuntar, además de a Griñan, a los cargos que ocuparon esa consejería, José Antonio Viera y Francisco Vallejo.

Pero la juez cree que ese procedimiento «no sólo ha tenido consecuencias de forma, sino de fondo», ya que si hubiera usado el adecuado se hubiera evitado un déficit de más de 39 millones de euros entre 2001 y 2007.

Pero en ese escrito en el que, después de tres meses, Alaya eleva formalmente el asunto al Tribunal de Conflictos Jurisdiccionales del Supremo, la juez deja claro que es ella quien mantiene la jurisdicción y conserva las actuaciones para seguir practicando diligencias, y que sigue considerando que debe ver esas actas. En este sentido, recuerda que la Audiencia dijo el 20 de junio que la petición de esos papeles era «una prueba pertinente» y a propósito de la investigación.

En cuanto a la providencia sobre la custodia de las actas, afirma que están a disposición de la Junta tras la resolución de la Audiencia, si bien recuerda que no es ella quien las custodia, sino el Decanato. Por ello precisa a la Junta que ella no tiene que señalar fecha para retirarlas, sino que pueden acceder a ellas cuando le pidan al decano o al secretario la llave de la caja de seguridad donde están. Ayer acudieron al despacho de Alaya tres intrusos, relacionados con el PSOE e imputados por varios delitos de tráfico de influencias y prevaricación. Se negaron a declarar y ratificaron sus testimonios a la Policía Judicial.