Condenado un agente por hacer negocios con bases de datos policiales

Un agente de policía de la Comisaría de Distrito de Actur (Zaragoza) ha sido condenado a 19 meses de prisión y seis años de inhabilitación profesional, por servirse de dos bases de datos del cuerpo para adquirir coches en subastas y revenderlos a precios más elevados.

En el relato de hechos, el tribunal, que imputa al agente un delito de descubrimiento y revelación de secretos, relata que el policía encausado realizó, entre noviembre de 2008 y octubre de 2009, unas 1.500 consultas "sin estar legalmente autorizado y aprovechándose de su condición de funcionario policial".

El policía, Enrique Juan M.R., nacido en Huesca, accedía desde los terminales informáticos de la comisaría a las bases de datos "Objetos" y "Perpol", ficheros automatizados de la Dirección General de Policía y de la Guardia Civil, respectivamente.

El fichero "Objetos" le permitía disponer de información de vehículos vinculados a acciones delictivas así como de sus propietarios, mientras que el "Perpol" le proporcionaba datos concretos sobre la situación judicial y policial de numerosas personas de las que podía servirse para sus negocios.

Los magistrados consideran probado que en un sólo día, una noche en la que prestaba servicio de seguridad en la comisaria en la que estaba destinado, llegó a realizar 102 consultas al archivo "Objetos" y 63 al "Perpol".

Según el tribunal, las consultas tenían por objeto conocer la situación de diversos vehículos y de sus propietarios objeto de apremio por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social, Agencia Tributaria o ayuntamientos, información esta última que podía obtener en los boletines oficiales provinciales.

Su finalidad era, añade la sentencia, "adquirir vehículos, caso de salir a subasta, en unas condiciones y a unos precios más ventajosos, y proceder después a su venta a un precio superior y de mercado, lucrándose así con la ganancia obtenida".

Con este sistema, el acusado llegó a controlar un elevado número de vehículos susceptibles de ser adquiridos en subasta para ser vendidos posteriormente.

La condena que se la ha impuesto fue pactada previamente entre la fiscalía y la defensa, tras reconocer el acusado la autoría de los hechos imputados.