Residuos: Más allá del reciclado

La basura que desechamos tiene aún una larga vida por delante. El caucho de los neumáticos usados se destina ya desde hace años al firme de las carreteras. Los aceites utilizados en los motores de automóviles y la industria sirven de base para formular nuevos lubricantes, y gracias a ello en 2010 se ahorraron 28,5 millones de barriles de petróleo. De los viejos electrodomésticos se extraen los metales que pueden volver a utilizarse, además de retirar los residuos peligrosos que puedan contener. Y es que, desde el momento que entra en un contenedor selectivo, un residuo se convierte en una materia prima secundaria, que debe volver a la cadena de producción. Aunque el objetivo no debe centrarse únicamente en reciclar más sino en generar cada vez menos residuos, lo que se conoce como principio de prevención.

«Hacemos un uso poco inteligente de los recursos. Tenemos que pasar a un modelo más ajustado y eficiente en el que podamos incrementar cuotas de bienestar sin generar tantos desechos», señalaba la secretaria de Estado de Cambio Climático, Teresa Ribera, en el primer Foro ABC Natural, sobre Tratamiento de Residuos, celebrado el pasado día 31 de mayo. Asistieron también los representantes de los principales Sistemas Integrados de Gestión de residuos (SIG), que, moderados por Ramón Ferrer, director del Aula Medicina y Conocimiento, debatieron con la secretaria de Estado sobre la nueva ley de Residuos y Suelos Contaminados (pdf), que se encuentra en el Senado pendiente de aprobación. El texto de la futura ley traspone la directiva marco europea de residuos, que pretende convertir a Europa en la «sociedad del reciclado» y hace especial hincapié en la prevención -el mejor residuo es el que no se genera-, un aspecto que destacó como prioritario Teresa Ribera, así como en las medidas a adoptar antes de que un producto se convierta en residuo, para reducir tanto la cantidad y contenido en sustancias peligrosas como los impactos adversos sobre la salud humana y el medio ambiente.

Según los últimos datos de Eurostat, cada europeo genera una media de 513 kilos de basura al año, de la que sólo se recicla la cuarta parte. Los españoles estamos por debajo de esas cifras: no reciclamos más del 15% y mandamos al vertedero más de la mitad de los residuos sin sacarles partido, frente al 38 por que se desaprovechan como media en Europa. A la cabeza de eficiencia está Alemania, que recicla casi la mitad (48%) de los desperdicios que genera. A pesar de estas cifras, en los últimos años ha habido un importante incremento en la gestión de residuos en nuestro país, como destacaba Teresa Ribera, «con un importante esfuerzo colectivo y protagonismo muy particular de asociaciones y empresas de gestión de residuos. Gracias a ello ha habido un crecimiento exponencial en España en el tratamiento de residuos que en volumen ha sido superior a la media comunitaria». Un aspecto que para Javier Puig de la Bellacasa, director de Ecovidrio debería repercutir en menos tasas para los contribuyentes.

Y es que los SIG han canalizado en nuestro país la recogida de materiales susceptibles de volver a la cadena de producción. Se trata de entidades sin ánimo de lucro que se sostienen gracias a las aportaciones que reciben de las empresas asociadas, para costear los gastos de gestión de los residuos que su actividad genera. Las cantidades aportadas lo son en función del número y tipo de residuos generados. Con este dinero se hace frente a costes de recogida y clasificación. El SIG pionero fue Ecoembes, seguido por Ecovidrio y Sigre, que recogen los envases, el vidrio y los medicamentos, respectivamente. Sigre, representado por su director general, Juan Carlos Mampaso, explica que fueron los pioneros en poner en marcha una logística inversa que permitía utilizar el canal de distribución para la recogida de los medicamentos desechados en las 20.500 farmacias del territorio nacional, con lo que se ha ahorrado un 14% de emisiones de CO2 a la atmósfera.

Un momento de la sesión de trabajo organizada en la Casa de ABC |ERNESTO AGUDO

Entre los últimos en llegar, Signus, de recogida de neumáticos usados, que lograron un 100% de reciclado desde el primer año de funcionamiento, en 2005, como señalaba Jesús María Núñez Imaz, su director general. Entre los recién llegados está Ecolec, que gestiona los residuos de los aparatos eléctricos, que también utilizan el mismo canal de recogida que de distribución para la retirada de los viejos aparatos. Aunque entre los consumidores, la recogida que tiene mayor tradición es la del vidrio, que alcanza cotas del 63%, semejantes a las de otros envases, como señalaban los gerentes de Ecovidrio y Ecoembes.

La experiencia de 13 años aportada por estas y otras asociaciones de recogida selectiva, son según Teresa Ribera, la base sobre la que se asienta la nueva ley de Residuos y Suelos Contaminados que pretende avanzar «no tanto en mejorar la capacidad de gestión del volumen de residuos, sino de maximizar el uso eficiente de los recursos y generar el menor número posible. En segundo lugar, favorecer que la masa final sea vista cada vez más como fuente de recursos, en lugar de residuos. Y en tercer lugar, disminuir en volumen y peso las materias primas usadas en la fabricación de algo que luego termina como residuo, al tiempo que se promueve que lo que se genera vuelva a entra en la cadena de producción».

Para los consumidores la nueva ley tiene pocas repercusiones. Sin embargo, el principal aspecto que podría afectarles es el Sistema de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR), una opción alternativa a los contenedores actuales, según la cual el consumidor pagaría una cantidad por el envase que se le devuelve cuando lo entrega, como ya ocurre en países como Alemania. Tal vez éste sea el aspecto «más mediático de la ley», según Teresa Ribera, y que ha desatado las alarmas: «Estamos convencidos de que se ha invertido dinero, esfuerzo y capacitación en el sistema actual de recogida de envases y de que funciona bien. Lo que queremos es mejorar sobre esa base. La ley no dice que se vaya a implantar un sistema de depósito, devolución y retorno. Reconociendo que existe esa herramienta solo daremos ese paso si queda claro que genera beneficios. Y en ese caso necesitaría una regulación previa», precisó.

Figura jurídica

Para los gestores de los SIG, el principal punto de preocupación venía, sin embargo, del cambio de personalidad jurídica que para sus entidades establecerá la nueva ley. Juan Carlos Mampaso, de Sigre, señalaba que la solución propuesta por la nueva ley «es una figura muy específica que difiere de las anteriores. Habrá que empezar de nuevo, con el consiguiente riesgo de fragmentación». Sin embargo, para Teresa Ribera este aspecto de los SIG es una cuestión importante: «En un determinado momento se acumularon peticiones de empresas inquietas por el nivel de participación o acceso a la información. Se partió de la preferencia por una figura jurídica, la asociación. Todos los que participen en un sistema integrado de gestión, deben tener derechos y obligaciones y una transparencia en la información. Esto es una garantía de que se evitan distorsiones en el empleo de recursos, que efectivamente no ocurren en la mayoría de los casos», especificaba.

La nueva ley pretende simplificar los trámites administrativos de licencias en las distintas comunidades. Sin embargo, los SIG creen que este punto supondrá una complicación añadida y temen que haya diecisiete sistemas diferentes de autorización dependiendo de cada región. Ribera tranquilizó a los gestores al matizar que «cada nuevo SIG ha de tener un domicilio social y en esa comunidad ha de presentar su solicitud de autorización, que se comunica a una comisión de coordinación y el resto de las autorizaciones en otras regiones son automáticas», con lo que el proceso se simplifica. Sin embargo, Eduardo de Lecea, director de Sigaus, discrepa: «Hace año y medio presentamos once propuestas de modificación a la ley y ni una sola ha sido recogida. Luego las redujimos a tres, personalidad jurídica, principio de proximidad y autorizaciones. Pero están bastante lejos de lo que hemos propuesto. La responsabilidad jurídica no garantiza los fines de representatividad, no hay un modelo institucional como éste en toda Europa y creo que es inconstitucional». Por su parte, Melchor Ordóñez, de Ecoembes, se mostró partidario de que la transparencia que promueve la nueva ley no interfiera con la personalidad jurídica, que en muchos casos SIG es de sociedad anónima.

El director de Ecolec, José Ramón Carbajosa, puso el énfasis en que la legislación ambiental es tan importante como cualquier otra y debe cumplirse, en referencia a los canales ilegales de recogida de electrodomésticos, que manejan sustancias con riesgo ambiental sin control.