El PP denuncia el saqueo de papeles oficiales antes del relevo de Cospedal

El viernes pasado, la misma mañana en la que el «número 2» de Cospedal en Castilla-La Mancha, Vicente Tirado, soltaba la «bomba» de que el Gobierno de José María Barreda debe 2.000 millones de euros a proveedores y que no hay dinero ni para pagar las nóminas de los 70.000 empleados públicos, furgonetas oficiales de la Junta seguían cargando bolsas de plástico con documentos de diversos organismos públicos para arrancar con rumbo desconocido, según el PP.

El secretario de Acción Parlamentaria del PP en las Cortes regionales, Leandro Esteban, reafirmó ayer sus sospechas de los últimos días y denunció a ABC esta «desaparición» de documentos públicos, que ya es un «clamor» en consejerías y delegaciones de la Administración regional. «¡Pido auxilio!, que alguien ponga remedio a esto porque siguen saliendo papeles y expedientes sin que nadie pueda impedirlo. Tenemos fotos, tenemos pruebas de ello y, sin embargo, la portavoz de José María Barreda lo niega. Yo mismo lo he visto», se lamenta Esteban frente a una una situación ante la que el PP de Castilla-La Mancha no desarta acudir a los Tribunales.

La polémica sobre el aparentemente catastrófico estado de las cuentas de la Junta de Castilla-La Mancha, —presidida en funciones por el socialista José María Barreda desde su derrota el 22-M—, ha llegado al punto de que incluso el ministro de Industria, Miguel Sebastián, terció en la polémica diciendo que está convencido de que el nuevo Gobierno de la región, que presidirá María Dolores de Cospedal, será «capaz» de controlar la situación económica, y anunció que el Gobierno central hará un «control estricto» para que las autonomías cumplan con el déficit.

Según recuerda el PP, en los cuatro primeros meses del año el déficit de Castilla-La Mancha superó cinco veces el máximo permitido para 2011, el 1,3% del PIB (unos 465 millones de euros), por lo que el Ejecutivo de Barreda estaría ocultando un déficit adicional de 1.400 millones de euros por 150.000 facturas pendientes de pago. Según estos datos, el défict de esos primeros meses llegaría a los 2.000 millones de euros.

Las declaraciones de Tirado afirmando que hay 70.000 nóminas en peligro en Castilla-La Mancha también han dinamitado el traspaso de poderes. Ayer, el consejero de Presidencia y Administraciones Públicas en funciones, Santiago Moreno, suspendió las reuniones que el PSOE iba a mantener mañana lunes con el PP para el traspaso de poderes, en concreto en las consejerías de Ordenación del Territorio y Vivienda y de Salud y Bienestar Social, por la «deslealtad» de la oposición y por haber generado una «alarma» infundada con datos falsos» sobre las cuentas públicas. En su lugar, se celebrará una reunión informal de todos los consejeros en funciones «para estudiar la situación creada» por las afirmaciones de Vicente Tirado, palabras que Moreno tachó de «falsedad» y «mentira infame». «No puede mentir y generar incertidumbres en todos los trabajadores públicos», dijo, y explicó que no fue hasta el jueves cuando, por medio de un correo electrónico, el PP le trasladó la petición de documentación de ejecución presupuestaria y deuda de la Comunidad autónoma, que, aseguró, la Junta «se encuentra preparando» y «le será entregada».

Sin embargo, el PP niega la mayor y sostiene que son las propias empresas y proveedores los que se están poniendo en contacto con dirigentes de este partido para informarles de las graves deudas contables que el Ejecutivo regional mantiene con ellos, muchas de ellas desde hace años; otras más recientes. Como ejemplo de facturas que se deben, cita el PP los 60 millones de euros que se adeudan, en concepto de externalización de intervenciones quirúricas, al Grupo Capio (Salud); los 12 millones de euros al Grupo Transaltozano (transporte de ambulancias); o los 50 a la constructora Corvian Isolux, entre otros muchos. También se deben más de 1.000 millones a ayuntamientos por convenios de Servicios Sociales, de Consumo y Ayudas Aprobadas, y 7 meses de convenios de mantenimiento a todas las residencias de la tercera edad.