El empleo público, en el ojo del ajuste
Durante la crisis las administraciones han seguido engordando sus nóminas con 254.000 nuevos contratados. Hoy, adelgazar un abultado sector público es esencial para cuadrar las cuentas
El nuevo mapa autonómico que ha surgido de las elecciones del pasado domingo conlleva también implicaciones económicas. La primera de ellas se refiere al temor de que en aquellas comunidades en las que cambie el color político de sus gobernantes afloren gastos no reconocidos y facturas impagadas que puedan poner en peligro el cumplimiento de los objetivos de reducción del déficit del conjunto del Estado español.
Los ajustes serán imprescindibles y adelgazar un sector público que en los últimos años, incluidos los de la crisis, ha engordado de manera desmesurada, con la proliferación de asesores, entes y empresas públicas, se antoja ahora un objetivo prioritario.
El presidente del PP, Mariano Rajoy, ya ha anunciado que va a poner en marcha auditorías en aquellas comunidades en las que asuma el gobierno para saber exactamente cuál es la situación de las cuentas públicas y a partir de ahí poner en marcha las medidas necesarias para volver a la senda de la estabilidad fiscal.
Pero independientemente de las facturas sin pagar que encuentren en los cajones, lo cierto es que en la mayoría de las autonomías en las que se va a producir un cambio del color político del gobierno, la situación de las cuentas ya es de por sí complicada.
Según los resultados electorales del pasado domingo, habrá cambios de gobierno en Castilla-La Mancha, Baleares y Cantabria, donde el PP ha obtenido mayoría absoluta. Y además, están pendientes de posibles pactos que aseguren la gobernabilidad en Asturias y Aragón. En Extremadura podría seguir gobernando el PSOE de Guillermo Fernández-Vara con el apoyo de IU, pero también el PP si Izquierda Unida se abstiene y deja gobernar a la lista más votada.
Problemas con el déficit
Los mayores problemas podrían estar en Castilla-La Mancha, que cerró 2010 con el mayor déficit regional de España, un 6,47%, más del doble del objetivo. Además, el Ministerio de Economía todavía no ha aprobado el plan de saneamiento de la región, con lo que podría ser el nuevo ejecutivo quien tenga que presentar medidas adicionales de ajuste para lograr reducir el déficit al 1,3%, que es el objetivo previsto para este 2011. También superó ampliamente el límite de déficit el año pasado Baleares, que cerró con unos números rojos del 4,16%. Y al igual que Castilla-La Mancha, el gobierno balear tiene bloqueado el nuevo endeudamiento porque al equipo de Salgado no le convence su plan de reducción del déficit. También en este caso la tarea le tocará al nuevo ejecutivo tomar medidas.
El resto de autonomías en las que habrá cambio de gobierno tienen ya el visto bueno del Ministerio de Economía a sus planes de saneamiento, con lo que los ajustes a aplicar este año están ya definidos. Pero nada más tomar el poder los nuevos ejecutivos tienen que poner en marcha los Presupuestos para 2012, en los que el ajuste continuará necesariamente para cumplir los objetivos comprometidos con los socios europeos.
De momento, el próximo martes conoceremos los datos de ejecución de los presupuestos autonómicos en el primer trimestre del año, con lo que los nuevos gobernantes podrán irse haciendo una idea de a lo que se enfrentan.
Respecto a las facturas sin pagar, un informe de Analistas Financieros Internacionales (AFI), al que ha tenido acceso ABC, limita la posible desviación por los gastos sin contabilizar en unos 1.200 millones de euros, aproximadamente una décima del PIB nacional.
AFI argumenta que aunque la desviación en cada una de las regiones en las que hay cambio de gobierno sea similar a la que se detectó en Cataluña, en torno a un punto del PIB regional, en la medida en que su peso en el conjunto de la economía española es pequeño, no supondrá un problema para el cumplimiento de los objetivos a nivel nacional. Según explica el citado informe, el peso de Cataluña en el conjunto de España es superior al que tendrían en total las seis autonomías en las que puede haber cambio de color político.
No obstante, los ajustes necesarios en cada región para cumplir sus objetivos sí supondrá recortes importantes, como está ocurriendo en Cataluña. Y adelgazar el sector público reduciendo contratados, será imprescindible en el corto, medio y largo plazo, para garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas.
Balance de la crisis
Sin embargo, hasta ahora las administraciones han seguido exactamente el camino contrario. Según un informe de Agett, Asociación de Grandes Empresas de Trabajo Temporal, desde que comenzó la crisis, en el tercer trimestre de 2007, España ha seguido creando empleo público, ya que éste ha crecido en el periodo un 8,7%. O lo que es lo mismo, durante estos cuatro años se han destruido más de dos millones de puestos de trabajo en el sector privado, pero se han creado 254.000 en el público. En una amplia mayoría de comunidades, quince de las diecisiete, se ha continuado engordando las nóminas de las administraciones pese a los problemas con las cuentas pública. Solo dos, La Rioja y Aragón, han disminuido el número de asalariados dependientes de las administraciones.
La comunidad que mayor empleo público ha creado desde el citado año 2007 ha sido Baleares, con un incremento del 26,8%, que se traduce en 14.800 puestos de trabajo. La segunda del ranking es Murcia, con un incremento del 20,3% y 15.700 nuevos empleados, y el tercer lugar es para Cataluña con un aumento porcentual del 13,4% y de 47.700 en términos absolutos.
Porcentajes de incremento de empleo superiores al 10% tienen también Andalucía (12,1%), Cantabria (10,9%), Castilla y León (10,7%) y Madrid, 10%. De hecho, en términos absolutos, es Andalucía la que más engordó su nómina, con 59.900 nuevos asalariados, seguida de Cataluña con 47.700 y Madrid, con 47.300. Y entre las tres autonomías acumulan casi el 50% de los asalariados públicos.
Según estas cifras, además, la gran mayoría del empleo público que se ha creado durante la crisis es de carácter indefinido lo que,según Agett, dificulta el margen para realizar ajustes del gasto vía asalariados. Pero adelgazar el sobredimensionado sector público parece inevitable e imprescindible, según los expertos, para garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas en el medio plazo.
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