HAY quien sostiene que la grandeza de la democracia estriba en acoger a sus propios enemigos. Como decían los antiguos, niego la mayor. Es decir, niego que la democracia posea grandeza. Es la más niveladora y cutre de las formas políticas, equipara a los prudentes y a los estúpidos, a los sabios y a los necios, a los valerosos y a los cobardes, a los honestos y a los miserables. El riesgo de que se deslice a la demagogia es mucho mayor que el que amenazaba a las monarquías y aristocracias tradicionales con hacerlas degenerar en tiranías y oligarquías (de hecho, las democracias son vulnerables a todos los tipos históricos de corrupción: tiranía, oligarquía, cleptocracia, pornocracia y, por supuesto, a la demagogia que engendra totalitarismos). La democracia no es grande ni sublime, pero es más útil y benigna para las sociedades que cualquier otra forma política, porque excluye la exclusión. No expulsa del sistema a los enemigos del grupo gobernante. Si funciona, garantiza la alternancia y fomenta la prudencia en los vencedores y la esperanza en los derrotados, disuadiendo a unos y otros del recurso a la violencia.
En el País Vasco, el terrorismo de ETA situó la violencia en la base del sistema y destruyó la democracia, al excluir de la alternancia a las opciones no nacionalistas desde los orígenes mismos de la construcción autonómica, que arrancó con una vergonzosa inhibición de aquéllas en favor del nacionalismo supuestamente moderado. Se pretendía así deslegitimar el terrorismo, privándole de pretextos, como si el terrorismo los hubiera necesitado alguna vez. El nacionalismo, en su conjunto, se benefició de una sobrerrepresentación política favorecida a un tiempo por la inhibición de las fuerzas no nacionalistas y por la violencia de los terroristas. Esta situación ha durado cerca de tres décadas, y sólo empezó a cambiar, muy tímidamente al principio, tras las multitudinarias movilizaciones por la democraciadel verano de 1997, a raíz del secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco.
El nacionalismo no se resigna a la alternancia efectiva —consecuencia de una tardía e imperfecta alianza de los partidos constitucionalistas— ni a la desaparición de ETA. Ahora bien, de ambos factores sólo el segundo es realmente deletéreo para la hegemonía nacionalista, porque la continuidad del terrorismo es la condición políticamente necesaria para la supervivencia del nacionalismo. Si ETA desapareciera, lo harían también, y por completo, la inhibición aún persistente de las fuerzas no nacionalistas y la sobrerrepresentación todavía notable del nacionalismo. Por eso, desde Urkullu al Ararteko Íñigo Lamarca, los nacionalistas teóricamente moderados se desgañitan defendiendo la legalización de Bildu. Tal defensa adopta dos formas distintas: la amenaza, en Urkullu, de romper sus compromisos con el gobierno de Rodríguez, y la interpretación por Lamarca de los derechos de los votantes radicales en términos de una tácita «ampliación de derechos», según la cual sería legítimo el voto a una opción no ya afín, sino prácticamente idéntica a la ilegalizada Batasuna. Y los socialistas son muy sensibles a los chantajes morales del nacionalismo cuando éstos se plantean en su misma jerga progre.
