Después de 11 horas de intenso debate, los 16 magistrados de la Sala del 61 del Tribunal Supremo no tenían un principio de acuerdo sobre las impugnaciones de la Fiscalía y la Abogacía del Estado a las listas electorales de Bildu. Se vuelve a repetir el esquema del debate sobre la inscripción de Sortu en el registro del Ministerio del Interior con dos bloques enfrentados, resuelto en aquella ocasión a favor de los contrarios a dar vía libre al nuevo partido de la izquierda abertzale.
Los magistrados solo se concedieron un breve receso para comer. El resto del tiempo lo ocuparon en cruzar argumentos jurídicos sobre los más de 800 folios de las impugnaciones de la Fiscalía y la Abogacía del Estado contra las 254 listas de Bildu y 19 agrupaciones de electores, así como de las alegaciones que presentó la coalición. Los informes de los dos ponentes, sobre los que recae la presunción de que son partidarios de rechazar las impugnaciones, no concitaron el consenso de la Sala del 61. El presidente del Supremo, Carlos Dívar, se abstuvo, por tanto, de convocar votación alguna sobre el fallo.
Todas las posibilidades, según fuentes próximas a las deliberaciones, están abiertas. Una de las hipótesis que se barajan es que se registre un empate a ocho, con lo que habría que convocar la llamada 'Sala de la Discordia', que no es otra cosa que la misma Sala del 61 con la incorporación de un número impar de magistrados para deshacer la igualdad. Otra es que 'para el reloj' a las 12 de la noche, cuando vence el plazo, y seguir las deliberaciones hasta alcanzar un acuerdo o una postura mayoritaria.
El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, ya había advertido de que los magistrados ante sí tenían "una decisión compleja", en términos más coloquiales el lehendakari Patxi López consideró que se enfrentaban a "un papelón". Y así ha resultado ser. Los jueces tienen que resolver si Bildu es un instrumento o un simple continuidad de Batasuna, con la particularidad en esta ocasión de que los candidatos de la izquierda abertzale van coaligados con dos partidos de legalidad sin tacha, Eusko Alkartasuna y Alternatiba, una escisión de Izquierda Unida, lo que aporta un dificultad jurídica enorme.
'Plan b'
Los servicios jurídicos del Estado reconocieron en su impugnación que no se planteaban pedir la ilegalización de estas dos formaciones porque su vínculo con los candidatos de la izquierda abertzale "no alcanza la intensidad necesaria para afectar al núcleo de legalidad de esos partidos". Hecho este matiz, la Abogacía argumentó que Bildu "es el 'plan B' de ETA" para participar en las elecciones del 22 de mayo y la coalición no es más que "un instrumento" de la organización terrorista y Batasuna para recuperar espacio político.
El pormenorizado análisis de las candidaturas de los letrados concluyó que buena parte de los 3.743 candidatos está vinculado a Batasuna, casi 400, según la Guardia Civil, y más de mil, según la Policía. Alegaron también que en 46 de las listas más del 20% de sus miembros tiene relaciones con el partido ilegalizado, y ese porcentaje es el que determinaron en su día el tribunal Supremo y el Constitucional para considerar "contaminada" una plancha electoral.
La Fiscalía, a su vez, insistió en sus más de 400 páginas con las impugnaciones en que Bildu fue "diseñada" por Batasuna e "instrumentalizada" por ETA. El departamento que dirige Cándido-Conde Pumpido llega asimismo a la conclusión de que las listas están ocupadas "abrumadoramente" por personas ligadas a Batasuna, lo que demuestra a su juicio, que la coalición es "el cauce diseñado y controlado" por el partido ilegalizado hace ocho años para regresar a las instituciones democráticas.
Al igual que la Abogacía, el Ministerio Público consideró también relevante el documento 'Herri Akordioa. Metodología básica', en el que se fijan entre "los tres partidos", que, según las fuerzas de seguridad, serían Eusko Alkartasuna, Alternatiba y la propia Batasuna, los criterios para el reparto de puestos en las listas en función de los resultados municipales en las que participó la ya proscrita Acción Nacionalista Vasca como banderín de enganche de la izquierda abertzale.
Los letrados de Bildu, que tras la prórroga de 24 horas del tribunal apuraron al máximo el plazo de la medianoche del sábado para entregar sus alegaciones, rechazaron en su escrito las acusaciones por "insidiosas" y ser "un sinsentido" fundado en "conjeturas, suposiciones y apreciaciones subjetivas" de las fuerzas de seguridad que aportaron las pruebas a los impugnadores.
La coalición consideró "absolutamente absurdo" concluir que forma parte de la estrategia de ETA cuando todos sus candidatos se han comprometido por escrito a rechazar cualquier tipo de violencia y a trabajar por la desaparición de ésta.
Contra la decisión que adopte la Sala del 61 del Supremo cabe recurso ante el Constitucional. El plazo para hacerlo es entre este lunes y martes, y el Constitucional debería resolverlo como máximo el próximo jueves ya que a las cero horas del viernes empieza la campaña para las elecciones del 22 de mayo.
