El Estado de Derecho contra ETA

SI aceptamos que la lógica de las cosas puede ser distinta de la lógica jurídica, Bildu —la unión electoral de EA, Alternatiba (escindidos de IU) y «abertzales independientes» (Batasuna con apariencia de legalidad)— obligará a la Sala 61 del Supremo a una ardua labor para detectar entre las trescientas listas que concurrirán a las elecciones del 22-M a los candidatos proetarras. Ahora bien, Bildu es fruto del «Acuerdo estratégico entre fuerzas políticas independentistas», firmado, entre otros, por Rufino Echevarría, miembro de Batasuna, que es una formación ilegalizada por formar parte de ETA. Lo que se ha producido no es más que la aplicación del plan B etarra, una vez frustrado el plan A de Sortu, tumbado por el Supremo en una ajustada votación indiciaria del papel que la izquierda judicial está desempeñando en este ceremonial de la confusión. Pendiente el recurso de Sortu ante el Constitucional, Batasuna/ETA ya tiene en marcha una segunda vía, con la colaboración de EA, que ha prestado su vientre de alquiler a «independientes» de la denominada «izquierda abertzale», nomenclatura que trata de ocultar lo obvio: que los «independientes» de la «izquierda abertzale» tienen una dependencia total de Batasuna, que es la que maneja los hilos de la estrategia para buscarle las vueltas al Estado de Derecho. Frente a esta burda maniobra, la Fiscalía y la Abogacía del Estado han preferido impugnar las listas de Bildu que consideren fraudulentas, en función de los datos recabados por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, en lugar de impugnar a la neonata Bildu como coalición electoral.

Argumentos favorables a la segunda opción no faltan, ni pruebas que certifiquen que Batasuna es la madre nutricia de «abertzales independientes», por lo que habrá que convenir que por mucho que Fiscalía y Abogacía del Estado se dispongan a emprender una ardua labor de búsqueda de listas contaminadas, el tiempo juega a favor de ETA, por lo que sería deseable que la Fiscalía impugnara la totalidad de las listas, sin diferenciar unas de otras. Entre el 29 y el 30 de abril, la Sala Especial del 61 del Tribunal Supremo deberá resolver las impugnaciones y Bildu podrá recurrir la decisión del TS ante el Constitucional, que, a su vez, tiene como fecha límite para resolver el próximo 20 de mayo, a 48 horas de las elecciones. Da la sensación de que los resortes del Estado de Derecho se mueven a veces con desesperante parsimonia mientras ETA/Batasuna avanza rápidamente hacia su objetivo de estar presente en las elecciones. De una u otra manera, ETA, con distintos disfraces, ha logrado casi siempre acudir a las urnas. Y ya va siendo hora de poner fin a esta burda maniobra. No es una cuestión baladí, porque la democracia no puede ser sorteada por una banda terrorista.