El «EREgate» y los dineros del PSOE

LAS revelaciones que ayer ofrecía ABC sobre el escándalo del «EREgate» en Andalucía introducen un nuevo elemento en el análisis político de un asunto cuya gravedad crece de día en día. Ya no se trata solo de beneficiar a los amigos a base de privilegios inaccesibles para los ciudadanos comunes, sino que no es en absoluto descartable la existencia de financiación irregular para el PSOE andaluz. Por mucho que Manuel Chaves pretenda ser víctima de una operación de desprestigio, lo cierto es que el ex presidente de la Junta y actual vicepresidente tercero del Gobierno está obligado a dar explicaciones detalladas, porque la opinión pública muestra una lógica indignación. Resulta especialmente grave en este caso, si se tiene en cuenta que Chaves ostenta también la condición de presidente del PSOE. Así las cosas, no basta con hablar de maniobras ni con echar la culpa a los adversarios políticos, que —por cierto— no solo están en las filas de la oposición, ya que Rodríguez Zapatero abrió la caja de los truenos en el socialismo andaluz y ahora Griñán y los suyos no están dispuestos a asumir las lacras del pasado.

El hecho de que ocho millones de euros de los ERE procedentes de once subvenciones para supuestas empresas en crisis fueran a parar a firmas de un entramado societario de dos ex concejales del PSOE abre una nueva línea de investigación que no se debe cerrar en falso en términos jurídicos ni políticos. Es lógico que Javier Arenas afirme que este escándalo se va a llevar por delante a Manuel Chaves y a José Antonio Griñán. Se hace imprescindible un adelanto electoral en Andalucía, porque el deterioro del sistema supone una degradación de la vida pública que no debería depender de los intereses partidistas del PSOE. Son demasiados años de gobierno autonómico y local con una sensación de impunidad para unos gobernantes que creían controlar todos los resortes del poder. Habrá que seguir con atención las próximas revelaciones que pueden confirmar la seria sospecha de que hay una relación directa entre los pagos irregulares de los ERE y los dineros que maneja el Partido Socialista.