Rebajas para un asesino

EL etarra Antonio Troitiño Arranz, condenado a más de 2.000 años de prisión, salió ayer de la cárcel, pese a que, por aplicación de la «doctrina Parot», debía permanecer en ella hasta 2017. La Audiencia Nacional se ha visto obligada a aplicar una jurisprudencia del Tribunal Constitucional por la que un delincuente tiene derecho a descontar en todas sus condenas el tiempo que pasa en prisión provisional por uno solo de los delitos. La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, en una sentencia de diciembre de 2009, criticó severamente esta doctrina, no sólo porque, a su juicio, invadía la jurisdicción de los tribunales ordinarios, sino también porque lesionaba los principios de seguridad jurídica, igualdad, proporcionalidad y buena fe procesal. Desde el sentido común, la doctrina del TC es un premio al delincuente habitual y violento que se encuentre en prisión provisional. Ahora, además, beneficia a los terroristas más sanguinarios. Por imperativo legal, el propio Supremo ha tenido que acatar la doctrina del Constitucional, porque este la fundamenta en la protección de la libertad individual (artículo 17 de la Constitución). Sin embargo, previendo las consecuencias inaceptables que iba a tener esta jurisprudencia, el Parlamento acordó modificar el pasado año el artículo 58 del Código Penal para evitar que un día de prisión provisional se descuente de cada una de las penas de prisión del delincuente, reforma no aplicada retroactivamente al etarra Troitiño por no serle favorable. La excarcelación de Troitiño es una muestra de inseguridad jurídica, porque, por un lado, el Supremo acordó ampliar su permanencia en prisión —que no su condena— por la «doctrina Parot», mientras que el Constitucional ha obligado indirectamente a recortarla con una interpretación de la legalidad penal sin sustento siquiera en la más benévola de las visiones rehabilitadoras del delincuente.

Este episodio es desalentador y obliga a seguir con extrema atención no sólo futuras decisiones que sigan este precedente, sino también la suerte que pueda correr la «doctrina Parot» en el Constitucional, que tiene que resolver varios recursos pendientes. Sean ciertas o no las actas de la negociación del Gobierno con ETA, en ellas se advertía de la disposición del Ejecutivo a dar medidas de gracia a terroristas con delitos de sangre a cambio del cese de la violencia, y ofrecía a los etarras el fin de la «doctrina Parot». Ojalá todo sea una mera coincidencia.