ETA atribuyó a Garzón un papel de mediación entre Moncloa y Batasuna
En su declaración secreta ante el juez, el negociador Gómez Benítez negó haber hecho esa revelación a la banda y aseguró que además es incierta
Los negociadores del Gobierno con la banda terrorista ETA, que declararon ante el juez Ruz en la causa del «chivatazo», aseguraron ante el magistrado que nunca se llegó a un acuerdo para evitar detenciones porque no tenían ningún poder sobre los jueces: «Les dejamos claro que no podíamos controlarlos». Según las fuentes consultadas por ABC , los testigos negaron, asimismo, que el juez Garzón estuviese jugando en esos momentos un papel de mediación entre Batasuna y el Ejecutivo, tal como se recoge en las actas intervenidas a Francisco Javier López Peña «Thierry».
Los emisarios del Gobierno, José Manuel Gómez Benítez (actual vocal del Consejo General del Poder Judicial), Jesús Eguiguren (presidente del PSE) y Javier Moscoso (ex ministro, ex fiscal general del Estado y ex vocal del CGPJ) prestaron declaración ante el juez Ruz hace unas semanas. La comparecencia del primero, según las fuentes consultadas, se centró en tres ejes fundamentales: el supuesto compromiso por parte del Gobierno de no detener a etarras, la modificación de la doctrina Parot (acumulación de condenas de etarras) y un presunto papel mediador de Garzón entre Batasuna y el Gobierno.
En cuanto a las detenciones de terroristas, Gómez Benítez reconoció ante el juez que ETA quería arrancar un compromiso de que no hubiese operaciones policiales contra ellos a cambio de que no hubiera atentados. «Les dejamos claro que las detenciones que se hacen en operaciones policiales no son responsabilidad del Gobierno. Ellos aseguraban que esos arrestos eran un incumplimiento por nuestra parte». «Les explicamos que los arrestos eran accidentes, puesto que se escapaban a nuestra responsabilidad y que además el Ejecutivo no puede controlar a los jueces».
Sobre la «doctrina Parot», el juez preguntó al mediador si era verdad, como recogían las actas de ETA, que él iba a «hacer gestiones» para que se declarara inconstitucional. El testigo le respondió que «en ningún caso. Lo único que les dije es que yo tampoco la comparto. No hice esas gestiones ante el TC entre otras cosas porque mi misión de negociador era secreta y hubiese trascendido mi identidad. No tendría sentido».
Pero sin duda uno de los aspectos más novedosos de la declaración fue el papel que en sus actas ETA reservaba al juez Baltasar Garzón de mediador entre el Gobierno y el brazo político de los terroristas. Este aspecto, según los etarras, les había sido revelado por el propio Gómez Benítez. A preguntas de Ruz para que aclarara este extremo, el vocal del CGPJ negó con rotundidad haber hecho ese comentario: «Lo que dije es que Garzón había marcado en sus resoluciones una línea según la cual Batasuna no podía actuar con sus siglas».
«Situación deteriorada»
En cuanto al testimonio del presidente del PSE, Jesús Eguiguren, él mismo confirmó ayer en una entrevista a la Ser que continuaron los contactos con ETA tras el atentado de Barajas, «aunque la situación estaba ya muy deteriorada». «Fuimos porque determinados presidentes de gobierno de Europa y Gerry Adams transmitieron que la banda tenía algo muy importante que decir y podían cambiar las cosas».
Además, precisó a Ruz que «nunca representé al Gobierno español cuando hablé con ETA. Lo que hice con Josu Ternera fue una especie de hoja de ruta». En su declaración coincide con Gómez Benítez en que en las reuniones no se habló del «chivatazo» —del que reconoce no «atreverse» a decir todo lo que sabe—, sino del proceso negociador.
Por otra parte, y una vez levantado el secreto de sumario, se ha sabido que el Gobierno no entregó «sus» actas de la negociación con ETA al juez Ruz, tal y como éste había exigido a Moncloa e Interior. El instructor no sólo quería saber el contenido de esas reuniones. Según fuentes personadas en la causa, el Gobierno respondió al juez que no tiene actas ni documentos sobre esos encuentros porque «no existen» y si hubo alguna anotación, ésta se habría hecho a mano y después se habría roto.
Durante su declaración, los mandos policiales que declararon ante el juez coincidieron en asegurar que no existía ningún tipo de instrucción por parte del Ministerio de Interior para «relajar» la lucha antiterrorista. Más bien al revés, dijeron: el Estado mantenía la «alerta máxima» ante posibles atentados terroristas, pues en tregua ETA sigue aprovisionándose.
Por otra parte, la Asociación de Fiscales calificó ayer de «despreciables» los «aspectos vinculados con una actividad terrorista» que revelan las actas de ETA y denunció que su contenido permite apreciar la «instrumentalización política» de la Fiscalía en casos relativos al etarra De Juana Chaos o el ex portavoz de Batasuna Arnaldo Otegi.
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