Ya son 991.488 personas las que están recibiendo algún tipo de prestación o servicio de la ley de dependencia. Una norma que en sus cuatro años de funcionamiento ha planteado un gran reto para los poderes públicos y que este año será sometida a un riguroso examen. El Gobierno evalúa en estos momentos cómo se está aplicando. Y también los grupos políticos con representación parlamentaria revisarán sus pilares fundamentales. A partir de hoy, además, se debatirá en el III Congreso Internacional de Dependencia y Calidad de Vida —organizado por la Fundación Edad y Vida— que inaugura la ministra de Sanidad, Leire Pajín.
Y es que la ley de dependencia siempre ha estado en tela de juicio, a pesar de que ha contado con el consenso de todos los políticos y con un gran respaldo social. Sin embargo, se ha constatado que hace aguas. Se ha distorsionado hasta el espíritu con el que nació. Aprobada como una ley que daría prioridad a los servicios (residencias, centros de día, ayuda a domicilio, teleasistencia), se ha hecho todo lo contrario y las prestaciones económicas han copado gran parte de las solicitudes. De hecho, representan el 54% de las ayudas que se conceden: Hay 398.205 cuidadores recibiendo una «paga» por atender a un familar dependiente. «Se ha convertido, por tanto, en una ley de subsidios», critica el director general de la Fundación Edad y Vida, Albert Verges.
Estos datos han dado pie a otro debate de fondo: la implantación de un nuevo modelo de atención «profesional y de calidad», dice Verges. Un modelo sociosanitario que se ocuparía de los dependientes que precisan de cuidados sanitarios y de recursos sociales. Con este sistema se ahorraría en costes, defiende Verges. «El 25% de los enfermos crónicos ingresados en hospitales pasarían al modelo sociosanitario. Con lo que cuesta una de esas plazas (650 euros) atenderíamos seis personas en el sistema sociosanitario», añade.
Retrasos de hasta 15 meses
Los retrasos a la hora de evaluar a las personas dependientes (hay casos de hasta quince meses) es otro de los caballos de batalla que se deben superar. Las Comunidades autónomas se comprometieron el pasado año a evaluar a los dependientes en un plazo máximo de seis meses. Pero no se conoce el cumplimiento o no de estos compromisos.
Lo que sí se demuestra en estos cuatro años son las desigualdades que existen por región. «Hay variaciones muy significativas. Por ejemplo, Madrid apuesta por los servicios profesionales y de calidad con una tasa de cobertura residencial de 4,7% y sólo casi 13.000 cuidadores familiares. Mientras que Andalucía es todo lo contrario: tiene una tasa residencial de 2,78% y más de 100.000 cuidadores. ¿Cuál es la mejor manera de atender a las personas?», se pregunta Verges.
Por último, los más de 5.000 millones aportados por el Estado para financiar esta ley no sirve para garantizar su sostenibilidad financiera. Otro de los puntos que se debatirán en este congreso con la asistencia, por vez primera, de consejeros de Economía de distintas Comunidades.
