Entre las preocupantes realidades económicas ahora existentes, es evidente que destaca la situación financiera de las comunidades autónomas, por un lado, y por otro, la contribución que generan en forma de ruptura del mercado económico nacional, sus disposiciones dispares sobre la política económica intervencionista que desarrollan. No es posible olvidar, en este último sentido, exposiciones bien claras de Luis Mª Linde de Castro y del profesor Serrano Sanz. Hay previsiones de nuestra Constitución, evidentemente contenidas en el artículo 131 que nunca se pusieron en práctica. Y por lo que se refiere a la primera preocupación, el que el gasto público de las autonomías se acerque, en el conjunto del gasto público total, al doble del de la Administración central parece exigir algún tipo de control. De esta carencia se deriva, como se ve de forma clara, un empeoramiento en la clasificación en cuanto a riesgos de la deuda pública de estas instituciones, según Standard & Poor's, Fitch y Moody's. Con ello, la presión al alza sobre los tipos de interés en España tiene a consolidarse. Que esto suceda en una realidad tan depresiva como la actual debe preocuparnos. Parte notable de ese impulso alcista del gasto y, por ende, de la perturbación financiera se debe a la proliferación de un vasto conjunto de entes económicos vinculados a las comunidades. En lo que se puede averiguar, con la base del «Informe sobre el Sector Público Empresarial y Fundacional 2007» publicado por la IGAE para el periodo 1998-2007, y para 2008 y 2009, del «Inventario de Entes de Comunidades» publicado por el Ministerio de Economía y Hacienda, en 2009, tales entes alcanzaba la cifra de 2.200. De ellos, en cifra redonda, el 30% eran consorcios; el 28%, sociedades mercantiles y el 22%, fundaciones. Por cierto que los 2/3 de los consorcios se concentran en Baleares, Andalucía y Cataluña. Sólo con un estudio exhaustivo podría señalarse qué consorcios y fundaciones actúan empresarialmente. Pero muchos de estos entes así se comportan. No es para dicho lo que esto significa en cuanto abandono del mercado libre para el funcionamiento de la economía española de modo eficaz. El freno que de ahí se deriva respecto a la competitividad es extraordinario, y por tanto, ahí se encuentra, por supuesto amalgamada con otras realidades, esa alarmante realidad que es que España, después de EE.UU., es el país con un déficit mayor por cuenta corriente, por cierto, en un codo a codo con Italia. La alarma es necesario que suene, porque también, según una primera investigación que parece seria, con las cifras de que se puede disponer, en 1998 existían 455 empresas autonómicas y en 2009, 962, por tanto algo más del doble. Contrasta esto con el proceso de privatización que el Estado ha llevado a cabo claramente este periodo, en bien de la eficacia del funcionamiento de nuestro sector productivo, así como de la amortización de deuda pública. Por eso en 2009, el número de empresas públicas estatales era la tercera parte de las existentes en 1998. Lo que lo complica todo es que las administraciones locales han descubierto este procedimiento impulsado por las comunidades. En el periodo de 1998-2009 se han creado así más de 1.100 empresas públicas. Pasando al tema concreto de su peso en diversas comunidades, nos encontramos con que, por lo que respecta a las sociedades mercantiles, la cifra mayor para 2009 corresponde a Andalucía, seguida de Cataluña. Y su ritmo de crecimiento, en relación con la Administración autónoma, es diferente en el sexenio 1998-2003 —aumenta su número un 29,2%— al del sexenio 2003- 2008, en el que el incremento es del 46,4%. La cifra de 2009 ya mencionada muestra que el proceso continuó.
¿Qué motivos generan esa realidad? Fundamentalmente parece ser el intento de escapar de rigurosas obligaciones legales, o sea, para evitar molestias políticas que pudieran ser irreparables, como se ha denunciado en el artículo de J. M. Sala Arquer, «Huída al Derecho privado y huída al Derecho», en «Revista Española de Derecho Administrativo», 1992, nº 75. Asimismo, para enmascarar el endeudamiento autonómico. A esto último también coadyuvan complementariamente los representantes políticos de las autonomías en los consejos de las cajas de ahorros. Por eso éstas pasaban a ser acreedoras, con una facilidad mayor que en el caso de los bancos. En el trabajo de María Gómez Agustín, «El renacimiento del INI» (Círculo de Empresarios, 2000), reiterado en otro de esta autora, «La metástasis del INI» (Foment del Treball Nacional, 2010) se indica que «las comunidades autónomas más endeudadas son también las que han creado un mayor número de entes y empresas».
Da la impresión, por todo lo dicho, que es preciso poner coto, y de modo radical a esta situación, si de verdad lo que se pretende es contribuir a liquidar la actual crisis económica.
