Nueva Rumasa captó 140 millones de pequeños inversores
Utilizaba como garantía las reservas de brandy para cubrir deudas de sus empresas. La CNMV ha advertido en siete ocasiones de sus dudas sobre sus emisiones
Sin dar demasiada credibilidad al viejo aserto empírico de que nadie da duros por pesetas, cientos de pequeños inversores —alrededor de 5.000, según las cifras de Nueva Rumasa— apostaron sus ahorros a las jugosas emisiones y ampliaciones de capital que varias empresas de José María Ruiz Mateos han ido lanzando, con considerable alharaca publicitaria, durante los dos últimos años, hasta captar unos 140 millones.
Desde el punto de vista de la rentabilidad, las ofertas eran irrechazables, pero dar por buenas las garantías era más una cuestión de fe en el proyecto y en la figura del popular empresario gaditano que de pura razón inversora, por mucho que los anuncios prometieran una «garantía real ante notario».
De hecho, la CNMV advirtió hasta en siete comunicados de los riesgos de las operaciones, que utilizaban todos los resquicios legales para sortear el control del organismo regulador: pagarés con un importe superior a 50.000 euros y en cuya colocación no intervenía ninguna entidad financiera. La CNMV alentaba a los inversores a indagar en la «situación jurídica y económico-financiera» del emisor, recordando que la sociedad anónima Nueva Rumasa no era la cabecera de ningún grupo y tampoco era la emisora de los pagarés.
La primera operación de este tipo se realizó el 23 de febrero de 2009 — coincidiendo con el aniversario de la expropiación de la antigua Rumasa— y prometía un 8% de interés a un año. El emisor era Carnes y Conservas Españolas, S.A. (Carcesa) , fabricante de marcas como Apis y Fruco, y una de las compañías ahora en preconcurso.
La segunda llegó medio año después, con Hibramer S.A. —la mayor productora de huevos de España— como emisor, una empresa ahora también al filo del concurso. Se ofrecía un 6% de interés a un año, pero subía medio punto más por cada año adicional, hasta un máximo de cinco años y un 8%. Casi sin solución de continuidad llegó la tercera, a nombre de Maspalomas Hoteles , con otro 8% de interés a un año.
En este caso se utilizó como garantía los inventarios de brandy añejo de Bodegas Valdivida de Cádiz S.L . aprovechando «ad hoc» un estudio de un profesor universitario, Pablo Fernández, al que se llegó a citar, «sin ser avisado», en los anuncios publicitarios de la operación. Pocos días después, Fernández aseguraba públicamente que su «valoración —que alcanzaba los 1.217 millones— no fue realizada para calcular el valor de las existencias de brandy como garantía de unos pagarés».
El profesor explicaba que 1.217 millones era el valor neto del margen que producirán los inventarios de los brandys Espléndido, Gran Garvey y Conde de Garvey según las previsiones de los propietarios para los siguientes 12 años. «El valor de los inventarios de brandy como garantía de los pagarés (esto es, el valor que podrían obtener los propietarios de los pagarés si la empresa emisora no los pagase a su vencimiento y se les diera brandy) es sustancialmente inferior a 1.217 millones», zanjaba.
La cuarta emisión, a nombre de José María Ruiz Mateos, S.A. , prometía un 10% a dos años, y ofrecía el aval solidario de Grupo Clesa S.L y Grupo Dhul S.L. , dos de los buques insignia de la familia Ruiz Mateos, ahora también en la «nueva etapa de reestructuración» anunciada ayer por Ruiz Mateos .
Finalmente, y para estrechar al vigilancia sobre Nueva Rumasa, en abril del año pasado se modificó la Ley del Mercado de Valores, por la que la CNMV podía reclamar a los inversores la necesidad de trabajar con intermediarios «debidamente acreditados». La respuesta de Nueva Rumasa fue inmediata. Adiós pagarés, bienvenidas las ampliaciones de capital, primero en Dhul, por 30 millones, y después en Clesa, por 12. Al no ser valores negociables, la supervisión de la CNMV volvía a quedar en fuera de juego.
La incertidumbre se cierne ahora sobre los pequeños inversores. Nueva Rumasa no está obligada a responder como un «holding» , así que serían las empresas concretas que realizaron la emisión las que deberían saldar las deudas bajo supervisión de la administración concursal.
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