Blanco ofrece cobertura a los candidatos imputados del PSPV

La «doctrina Blanco» —no incluir imputados en las candidaturas del PSOE—, sobre el papel, cerraba en 2007 las puertas a un buen número de referentes locales y autonómicos de los socialistas valencianos, que finalmente fueron candidatos. Las tesis del vicesecretario general del PSOE siguen vigentes en 2011, y de nuevo deberían impedir la entrada en las listas de varios alcaldables, algunos de ellos con un gran peso específico en el paertido.

Así las cosas, Blanco matizó ayer que su doctrina se refiere a los imputados «acusados de enriquecerse», ya que «en muchas ocasiones, la imputación se ha quedado en nada». De esta forma, mientras el PSPV pide un día sí y otro también la suspensión de militancia del jefe del Consell, Francisco Camps, para quien el fiscal pide una multa por el «caso de los trajes», Blanco ofrecía cobertura a los principales imputados del PSPV que serán candidatos a sus ayuntamientos o a las Cortes.

Es el caso del vicesecretario general del PSPV y coordinador del programa electoral, Alejandro Soler, que aspirará a retener la Alcaldía de Elche —el principal bastión municipal que les queda a los socialistas valencianos—. Tras la reapertura del «caso facturas» en el Supremo, Soler está imputado por malversación de caudales públicos y prevaricación, al haber pagado con dinero público facturas de publicidad electoral de su partido. No obstante, su continuidad nunca se ha puesto en entredicho.

Tampoco se cuestiona la candidatura a las Cortes del ex alcalde de Alicante Ángel Luna, que declarará el próximo viernes en el TSJ acusado de un presunto delito de encubrimiento. El juez considera que el portavoz socialista en la Cámara autonómica dificulta las pesquisas para identificar el origen del informe bajo secreto de sumario que exhibió en la tribuna de las Cortes.

Mientras, el alcalde de Benidorm, Agustín Navarro, repite como candidato (independiente) con una imputación por injurias a un colectivo homosexual, y a las puertas de una posible segunda imputación por prevaricación, tras admitir el juez la denuncia del PP tras el intento de rescindir el contrato de la ORA.

En 2007, fueron ya varios los candidatos que vulneraron la citada doctrina. El ex alcalde de Elda Juan Pascual Azorín (que perdió las elecciones frente a la popular Adela Pedrosa) se presentó a la Alcaldía y al Senado con tres causas a sus espaldas. También imputados se presentaron el ex secretario general del PSOE de Torrevieja Ángel Giménez, o el alcalde de Pilar de la Horadada, Ignacio Ramos, acusado de desviar fondos municipales.