Cuatro horas
Apenas habían transcurrido cuatro horas desde que Rufi Echevarría e Iñigo Iruín habían presentado la nueva formación política con un público batasuno de primera magnitud, cuando el fiscal general del Estado tenía ya sobre su mesa el primer informe de la Guardia Civil sobre la trastienda de ese partido que se llamaría Sortu. Y es que si millones de españoles hacen votos para que no puedan estar en las elecciones de mayo, ese deseo se multiplica entre los miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.
Además del tesón de las fuerzas de seguridad, hay que contar con los plazos. Veinte días tiene Interior para enviar sus informes a la Fiscalía y veinte la Fiscalía para enviar sus alegaciones a la Sala Especial del artículo 61 del Tribunal Supremo. Y el plazo de presentación de candidaturas finaliza el 18 de abril: difícil que salgan las cuentas.
Sube y sube
Para desgracia de Rajoy y de Gabino de Lorenzo, las encuestas coinciden en que Álvarez Cascos tiene todas las de ganar, incrementa el voto a medida que pasan los días. Y es que Rajoy no sabía quién era la candidata, a la que cambió el apellido, pero los asturianos sí conocen perfectamente su irrelevante trayectoria, nada que ver con la del ex vicepresidente y ex ministro de Aznar. Incluso les parece un valor a tener en cuenta su tan mencionado autoritarismo.
No existe
Los analistas no le mencionan cuando hacen sus pronósticos, la gente del PSOE no le otorga ningún papel cuando describen el escenario posterior a las elecciones generales. No dedican una sola palabra a Zapatero. No cuenta en el futuro. No existe.
Cuestión de imagen
Las cajas lo tienen crudo. Es verdad que algunas de ellas han sido gestionadas con excesivas alegrías y escasa profesionalidad, pero las exigencias del Gobierno son excesivas y varias de ellas se quedarán en el camino. Tienen razón en una de sus quejas: tanto el Gobierno como los bancos han hecho un flaco favor a su imagen, insisten en deteriorarla día a día, lo que dificulta los esfuerzos de sus actuales responsables para superar los problemas y cumplir las condiciones que impone el gobierno.
«Galgo» y política
Si tiene razón Marta Domínguez y no tiene nada que ver con una red de dopaje, y si sigue teniendo razón cuando apunta a que su militancia en el PP está relacionada con su implicación en la operación «Galgo», dos políticos relevantes se encontrarán en una situación incómoda: el secretario de Estado del Deporte, Jaime Lissavetzky, y el ministro del Interior, de quien dependen los policías que aseguraron que encontraron pruebas contundentes contra la atleta al registrar su domicilio
