El rechazo a la violencia de ETA es insuficiente para legalizar Sortu

NIEVES COLLI

13/02/2011
Actualizado 14/02/2011 a las 19:28h.

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Todo, o casi todo, son incógnitas en este momento respecto del futuro de Sortu, el nuevo partido con el que la «izquierda abertzale» pretende participar en las elecciones municipales del próximo 22 de mayo. Presentada el miércoles la solicitud de inscripción en el registro de partidos políticos del Ministerio del Interior, ahora son la Fiscalía General y los servicios jurídicos del Estado los que deben mover ficha. Tienen 20 días para presentar una demanda ante la «Sala del 61» del Tribunal Supremo si las Fuerzas de Seguridad aportan datos que permitan afirmar que la formación apadrinada por Íñigo Iruín y Rufino Etxeberría es una simple careta tras la que se esconde ETA-Batasuna.

A la espera de los informes policiales y, en su caso, de las demandas del Gobierno y de la Fiscalía, fuentes jurídicas, fiscales y judiciales consultadas por ABC coinciden al advertir que, por sí solo, el rechazo a la violencia, aunque incluya de forma expresa la de ETA, no es suficiente para permitir que Sortu participe en el proceso electoral y se cuele en las instituciones democráticas. Los medios citados avisan al Gobierno y al propio Tribunal Supremo: «No se pueden conformar con una simple declaración cuando las mismas personas que ahora arropan el nacimiento de este partido llevan años colaborando con ETA y haciendo apología de sus acciones terroristas. Es imposible que de la noche a la mañana hayan experimentado el cambio que proclaman».

Estatutos limpios

Algunas de las fuentes consultadas explican que redactar unos estatutos «limpios», formalmente impecables, es «muy sencillo». «Incluso pueden haberse hecho previo pacto con los cabecillas de la organización terrorista», señalan. En la tarea de redacción de dichos estatutos, que contienen el rechazo expreso a la actividad criminal de ETA (la que pueda producirse en el futuro, nada se dice de los 857 asesinados hasta ahora) y que prevén la posibilidad de expulsar a los militantes que comulguen con la banda, ha trabajado durante los dos últimos años el abogado de Batasuna Íñigo Iruín. Su activa presencia en la promoción de la nueva marca de Batasuna es precisamente uno de los indicios que, en opinión de algunos de los expertos consultados, sirven para demostrar que Sortu es «el mismo perro con distinto collar». Lo mismo ocurre con Rufino Etxeberría, procesado por un delito de pertenencia a banda armada y en la actualidad en libertad bajo fianza.

Los juristas consultados opinan que la participación de Iruín y Etxeberría es la demostración clara de que en realidad Sortu «no ha roto el vínculo con ETA». Ambos forman parte de una escenografía cuyo fin es lanzar a su electorado un mensaje claro: «Somos nosotros, los de siempre». Y no se puede permitir que un partido apadrinado «por los de siempre» entre de una forma tan simple en el juego democrático. Las fuentes citadas coinciden en que, para poderse inscribir como partido político y participar en las elecciones del 22 de mayo, junto a la condena expresa a ETA deben existir indicios claros de que Sortu «ha roto el cordón umbilical que une a Batasuna y a sus sucesoras con ETA, unión que además se caracteriza por la dependencia jerárquica de aquellas respecto a la banda terrorista».

En definitiva, según los juristas consultados sólo hay dos fórmulas para que Sortu se convierta en una formación política legal: que quienes lo integran y promueven sean personas absolutamente ajenas al entorno de Batasuna y ETA, requisito que (al margen de Iruín y Etxeberría) los informes policiales dirán si cumplen o no la secretaria general, Maider Etxebarria, y los demás miembros de la dirección; o, en caso de que se confirme que es una mera continuación de Batasuna, que los integrantes y promotores de Sortu demuestren a lo largo de varios años con sus acciones y sus palabras que realmente han cambiado y se han desvinculado totalmente de ETA.

Indicios objetivos

Sea como fuere, lo que hace falta son indicios objetivos. La prohibición a Sortu de comenzar su andadura democrática mediante su inscripción en el registro de Interior en ningún caso podrá basarse, advierten algunas fuentes, en la mera desconfianza o en la convicción de que se trata de una «trampa». En su caso, habrá que demostrar con hechos que eso es así, porque ahora cumplen los requisitos formales y lo que está en juego, señalan, es el derecho fundamental de los ciudadanos a participar en la vida pública.

Estas fuentes recuerdan que con el rechazo a todas las manifestaciones de violencia, Sortu parece cumplir al menos con uno de los requisitos fijados por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en la sentencia que avaló la ilegalización de Batasuna. Y esa sentencia será «la hoja de ruta» del Tribunal Supremo.

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