Con alrededor de un millón trescientos mil habitantes —algo más de la mitad concentrados en Zaragoza capital y su entorno inmediato de influencia—, en Aragón conviven cinco niveles distintos de Administración pública: el del Estado, el de la Comunidad autónoma, el de las diputaciones provinciales, el de los ayuntamientos y el de las comarcas. Cada uno de ellos cuentan con sus correspondientes gobiernos y plenarios, integrados por políticos electos que, en muchos casos, compaginan su presencia en más de una institución pública. Por ejemplo, hay alcaldes que son senadores o diputados en el Congreso; otros que son alcaldes o concejales y, a su vez, diputados provinciales o miembros de los consejos o de los gobiernos comarcales. En total, en Aragón hay casi 800 gobiernos distintos: los de sus 730 ayuntamientos, los de las 32 comarcas que hay constituidas, los de las tres diputaciones provinciales (Zaragoza, Huesca y Teruel) y el de la Comunidad autónoma.
Hace diez años, todos los partidos políticos sin excepción se pusieron de acuerdo en Aragón en crear las instituciones comarcales. Primero se habían puesto de acuerdo, de forma unánime en las Cortes regionales, para crear las leyes marco de la comarcalización. Y, después, una a una se fueron aprobando, igualmente por consenso entre todos los grupos parlamentarios, las leyes para la creación de cada comarca, 32 en total hasta la fecha, las 32 que hay constituidas.
Así nació este nuevo nivel administrativo que, ahora, algunos partidos abogan por revisar, si bien ninguno apunta a su desaparición por considerar que, en un territorio tan extenso como Aragón, los gobiernos comarcales contribuyen a gestionar mejor, desde la cercanía, el dinero público que reciben del Gobierno aragonés para las competencias que tienen asumidas.
La líder del PP, Luisa Fernanda Rudi, apuesta por un gran pacto para reordenar las administraciones públicas en Aragón y evitar duplicidades. El PAR también está dispuesto a medidas que aporten más eficiencia en la gestión de los recursos públicos y, hace unos meses, planteó una iniciativa parlamentaria para eliminar las actuales diputaciones provinciales y sustituirlas por instituciones de mucha menor dimensión, aunque la propuesta ha sido rechazada tanto por el PSOE como por el PP. Estos dos partidos coinciden en que son entidades recogidas en la Constitución y deben seguir funcionando como hasta ahora.
El PP preferiría revisar el modelo comarcal y, sin eliminarlo —está recogido en el Estatuto de Autonomía que salió adelante en las Cortes Generales con el voto favorable de populares y socialistas—, reducir su estructura, quitarle «carga política» y que sean entidades dedicadas estrictamente a prestar servicios a la población de sus respectivos territorios.
Más de 2.000 empleos
Los populares no solo miran a las comarcas —que entre todas ellas suman más de 2.000 trabajadores, algunos de ellos cargos de confianza, de libre designación— sino también a la estructura de la propia Administración autonómica, que incluye varias decenas de empresas públicas.
En Aragón ha habido descentralización y desconcentración administrativa. Al tiempo que nacían las comarcas, también se procedió a la creación de una red de delegaciones territoriales del Gobierno aragonés, presentes en las tres capitales de provincia y en algunas cabeceras de comarca. En Huesca y en Teruel, por ejemplo, conviven las sedes de sus respectivos ayuntamientos y gobiernos comarcales, de las delegaciones del Gobierno aragonés, de las subdelegaciones del Gobierno central y de las diputaciones provinciales.
