La reforma electoral impedirá votar en las municipales a 112.000 emigrantes

Residen en el exterior desde hace años, algunos incluso son la segunda o tercera generación de aquellos que un día hicieron la maleta y cruzaron la frontera, pero no pierden el vínculo con la tierra que les vio nacer y en la que hunden sus raíces. Participar en las elecciones es una de esas vías que sirve a los más de 112.000 castellano y leoneses inscritos en el Censo de Españoles Residentes en el Exterior (CERA) para mantener vivo ese contacto. Pero las elecciones del 22 de mayo serán diferentes. Por primera vez, no podrán participar en los comicios municipales. La reforma de la Ley General de Régimen Electoral (Loreg) aprobada el miércoles en el Senado —la modificación de mayor calado de esta norma de 1985— corta este derecho.

El texto conjunto impulsado por PP y PSOE junto con los nacionalistas de CIU y el PNV y tramitado de urgencia en las Cortes generales con el objetivo de estar operativo de cara a la cita en las urnas de mayo tras dos años de trabajo en una subcomisión se hace eco de la recomendación del Consejo de Estado sobre el voto de los residentes ausentes y elimina así la posibilidad de que puedan votar en las municipales. Siguiendo el artículo 140 de la Constitución que establece que los concejales deben ser elegidos por los vecinos de cada municipio, el artículo 190 de la Loreg que hasta ahora permitía votar a los inscritos en el CERA pasa a la historia. Desde ahora, para participar en los comicios locales se debe estar inscrito en el Censo de Españoles Residentes en España.

Una modificación que en Comunidades como Castilla y León, la segunda, tras Galicia, con más paisanos viviendo en otros países, tiene una especial incidencia. La considerada como décima provincia de la región , con más electores que provincias como Soria, queda borrada del censo electoral para elegir a los alcaldes y concejales de los 2.248 municipios.

Además, desde las pasadas elecciones municipales, las de mayo de 2007, el CERA ha crecido en más de 27.000 personas en Castilla y León. Un incremento que no se debe a la mayor emigración, sino al reconocimiento de la nacionalidad, y consiguientemente de los derechos adquiridos, a los nietos de quienes un día salieron de aquí debido en buena parte a la aplicación de la Ley de Memoria Histórica.

El peso del voto exterior es especialmente significativo en provincias como León, que acumula un tercio (35.339) de los residentes en otros países según el CERA cerrado a 1 de diciembre de 2010, el último disponible. También sobresale Salamanca, con 23.265. En Zamora, el censo de residentes en el exterior suma 14.820 , en Burgos, 12.122 y 9.005 en Valladolid. Menos relevancia tiene en Segovia, con 2.304 y sin apenas variaciones pese a la aplicación de la Ley de Memoria Histórica, norma que sí se ha notado en Soria, donde casi se ha duplicado este colectivo, que ahora aglutina a 4.421 personas.

El amplio respaldo político al cambio en la norma basado en la «incoherencia» de que los ciudadanos que no viven en un municipio decidan la composición de los ayuntamientos ha sido y está siendo muy protestado por los residentes en el exterior. Constituidos en la Plataforma Voto Exterior se quejan de que se cercene ese derecho adquirido durante años. Además, también lamentan que para el resto de procesos electorales —autonómicas, generales, europeas y referendums— en los que sí se mantiene su derecho al voto deban hacerlo a través de un sistema de voto rogado, es decir, que para poder depositar su sufragio en las próximas autonómicas deben solicitarlo. Una medida que, según los residente en el exterior, hará que disminuya «todavía más» la participación de los emigrantes en las urnas, que apenas llega al 15 por ciento del total del CERA, que en España supera los dos millones.

El voto rogado es otra de las novedades que lleva aparejada la reforma de la Loreg, que abre la posibilidad al voto en urna en consulados y embajadas durante los tres últimos días de campaña—una de las demandas de quienes viven fuera— a la vez que mantiene el voto por correo para quienes no se puedan desplazar.

La mejora del sistema del concejo abierto o la desactivación del papel clave de los tránsfugas en las mociones de censura municipales también figuran entre los cambios introducidos.