Ya estaba tardando Rajoy en anunciar que propondrá en el Congreso que diputados y senadores dejen de disfrutar de los abusivos privilegios en materia de pensiones que se han otorgado a sí mismos. Mejor aún sería que adelantara que, en caso de que los socialistas y sus socios voten en contra de esa propuesta, los del PP renunciarán de forma unilateral a poderse jubilar con la pensión máxima tras haber cotizado únicamente doce años. Y aún le queda prohibir de antemano tanto coche oficial, viaje en primera, teléfono móvil y otros chollos que los altos cargos del que, si nada de última hora lo impide, será su gobierno van a tener a su disposición en plan gratis total.
Cuando éramos un país rico, o eso nos creíamos, la gente toleraba que los políticos también se comportaran de acuerdo con esa ilusión. Con la crisis, la percepción general es la de rechazo a una casta que utiliza el dinero de nuestros impuestos para vivir con bastante mas desahogo que sus vecinos. Ya no hay motivos de seguridad, como los que se alegan, para ver el continuo desfile de vehículos de alta gama con su antena en el techo y sus cristales tintados por las calles de cualquier ciudad y la cifra de 38.000 teléfonos móviles gratuitos que mantienen los funcionarios de la Junta de Andalucía clama al cielo. Son cosas que ya no se pueden aguantar. Al consejero delegado de una gran empresa que viaja en turista le molesta divisar al consejero de su Comunidad sentado en business como el ciudadano de a pie se enfada, y mucho, de ver que los políticos con pensiones extras se reunen para decidir a qué edad y tras cuánto tiempo de cotización se tienen que jubilar todos los demás.
Se trata de ahorrar el chocolate del loro, protestan los políticos por lo bajini. Ignoran que la mayoría de los españoles están deseando verles en su misma situación: sin chocolate que valga.
