El Supremo rechaza paralizar el decreto del carbón

MADRID

Espaldarazo del Tribunal Superior al decreto del carbón, con la que el Gobierno pretende obligar a las compañías eléctricas a quemar lignito nacional subvencionado en sus centrales. Aunque no es definitivo. La aplicación de la normativa está paralizada aún por la suspensión cautelar impuesta por la Audiencia Nacional y el Tribunal de Luxemburgo, pero cuenta con el visto bueno del alto tribunal, que ha desestimado las medidas cautelares solicitadas por Iberdrola, Gas Natural Fenosa y Endesa y el Ejecutivo gallego en una serie de autos hechos públicos ayer por la sala contencioso-administrativa.

La decisión que no supone el desbloqueo inmediato de su entrada en vigor, pero que allana el terreno para su aprobación, a la espera de lo que determine el organismo europeo. Y es que no se espera que la Audiencia Nacional presente nuevos obstáculos, puesto que vinculó en el mes de noviembre la supresión de la norma que obliga a las eléctricas a presentar cartas de compromiso para la compra de carbón nacional a la decisión del Tribunal Supremo.

Esta medida, establecida en una resolución de la Secretaría de Estado de Energía, constituyó el origen de la polémica: el texto fijaba un plazo de tres días a las eléctricas para presentar ante la Comisión Nacional de la Energía (CNE) las solicitudes de compra del mineral autóctono, al mismo tiempo que detallaba los volúmenes de producción, las cantidades de compra y los precios a los que lo debían adquirir. Las empresas solicitaron ante el tribunal que se adoptara su suspensión, puesto que consideraban el periodo concedido por el Ejecutivo «breve» (el plazo de entrega comenzaba a discurrir a partir de la entrada en vigor de la regulación, que se publicó en el Boletín Oficial del Estado el 26 de octubre).

En poco menos de una semana, el Ministerio de Industria ha visto cómo la regulación del carbón —que presenta como garante en el sistema energético de la única fuente fósil energética de origen autóctono en España— ha pasado de la parálisis «de facto» en diversos frentes a verse respaldada por los tribunales nacionales. A la decisión del órgano judicial de ayer se suma la orden publicada el martes en el BOE, que permite prorrogar en 2011 las ayudas públicas percibidas por el sector de la minería del carbón.

Al recurso presentado por las eléctricas se unió la Xunta de Galicia, que alegaban que con la nueva normativa las centrales de As Pontes y Meirama reducirían su capacidad de generación de energía en un 20%.

Los últimos sinsabores en los tribunales, sin embargo, no permiten pasos en falso. Y el Ejecutivo, consciente de que el éxito de la norma pende del hilo de lo que dictamine el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, se dispone a esperar hasta la vista ante este Tribunal en enero. Proceso al que asiste como «convidado de piedra», puesto que las cautelarísimas se dirigen contra la decisión de la Comisión Europea de declarar compatible con el mercado interior el decreto del carbón. «Es previsible que se retrase su entrada en vigor, aunque ahora podría hacerse, hasta que se pronuncie el Tribunal de Luxemburgo», destacan fuentes del Ministerio de Industria.

En líneas generales, Endesa, Iberdrola y Gas Natural Fenosa consideran que el decreto menoscaba a las centrales que funciona con carbón importado y gas natural (ciclos combinados) y, a la vez, distorsiona el mercado eléctrico.